El expediente Picasso sobre Annual

Recientemente expuse en dos artículos algunas de las posibles causas que motivaron el “Desastre de Annual”. Tras el derrumbamiento militar, el Alto Comisario Dámaso Berenguer, solicitó al ministro de la Guerra que un oficial general, nombrado por aquél, investigase los hechos y depurase las responsabilidades a que hubiera lugar. Mediante la Real Orden de 4-08-1921, Luis de Marichalar y Monreal, ministro de la Guerra, nombró al general Juan Picasso para que investigara en Melilla los hechos ocurridos, con la ayuda del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega y Zegrí. Sin embargo, el desastre se reveló de tal envergadura que el gobierno de Allendesalazar se vio obligado a dimitir. En agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encarga formar Gobierno a Antonio Maura, que nombró a Juan de la Cierva ministro de la Guerra.

Según diversas fuentes consultadas, el general Picasso ya había comenzado sus investigaciones en Melilla, y el 15-08-1921 envió al general Berenguer un escrito solicitando los planes de operaciones que habían guiado la actuación de Silvestre y sus tropas. Berenguer, trasladó el escrito al ministro de la Guerra el 20 de agosto, solicitando instrucciones al respecto y manifestando, asimismo, que no se consideraba autorizado a proporcionar tal información por ser materia reservada. Presionado el ministro, se dictó una nueva Real Orden el 24 de agosto, aclarando Picasso que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario quedaban fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades en los casos en los que no se hubieran cumplido las obligaciones militares.

El 31 de agosto el general manifestó en carta al ministro su desacuerdo con la Real Orden, manifestando que se debía investigar sin exceptuar a nadie, incluidas las más altas instancias del mando, ya que no se podían concretar las responsabilidades a sucesos incidentales, consecuencia natural y obligada de los errores y desaciertos del mando. Ofrecía asimismo la posibilidad de que se le relevase de la comisión encargada para continuar su trabajo como representante militar español ante la Sociedad de las Naciones.

Picasso decide no dimitir y se traslada a Melilla. Toma declaración a setenta y nueve personas, sólo en relación con Annual. Uno a uno, escribe «Muerto», «Desaparecido», «Presente» o «Plaza» junto a los nombres de los soldados y oficiales que se vieron envueltos en el Desastre. El 23-01-1922, tras nueve meses de trabajo, el General regresa a Madrid con un abultado expediente de 2.433 folios. El 18-04-1922 entregó el expediente (y un resumen final redactado por él mismo) al Ministerio de la Guerra.

Mientras el general Picasso instruía el expediente fue creciendo la idea entre ciertos sectores del país de que la causa contra los responsables del "desastre de Annual" no llevaría a ninguna parte. Así lo atestigua esta coplilla de Luis de Tapia publicadas en el periódico La Libertad el 6-09-1921 con el título Ni caso, y en el que se hace una alusión a la posible responsabilidad del rey: “Si en telegramas o cables/ oís decir que Picasso va a encontrar responsables…, no hagáis caso/ Los errores fueron ciertos/ pero en asuntos de guerra/ a las causas y a los muertos/ se les echa tierra.../ ¡La plancha será no chica/ si en buscar en lo alto da!/ Si Picasso en lo alto pica, marrará”.

Dice Álvarez Arenas E., que “Annual no fue una derrota militar, sino efecto de abandonos y despreocupaciones nacidas de la irresponsabilidad impune, que vino a dejar al descubierto realidades lamentables e incluso limitaciones escandalosas. No hubo batalla; una retirada precipitada y mal planificada degeneró en una hecatombe”. Y Alcalá Zamora recoge en sus memorias que “al principio hubo, mucha confianza imprevisora, y al final, mucho pánico, que llegó a la locura”.

Aquel descalabro lo sufrió nuestro Ejército para restablecer en Marruecos el orden allí perturbado y para ayudar España a la monarquía alauita, luchando por una causa que no era la propia defensa de la nación española, sino el esfuerzo y el sacrificio de tener que restablecer la paz en un país extranjero, para dar cumplimiento al mandato conferido en la Conferencia de Algeciras de someter a los rebeldes marroquíes a la obediencia de su monarquía, sin ni siquiera contar en muchos casos con medios militares adecuados y habiendo tenido España que sacrificar muchos miles de vidas humanas, hacer un tremendo sacrificio y aportar grandes medios económicos y militares, sin que la monarquía marroquí lo haya nunca reconocido ni agradecido. Todo ello fue lo que dio lugar a un estallido de protesta popular.

Dice Álvarez Arenas E., que “Annual no fue una derrota militar, sino efecto de abandonos y despreocupaciones nacidas de la irresponsabilidad impune, que vino a dejar al descubierto realidades lamentables e incluso limitaciones escandalosas"

Pues, para tratar de acallar ese clamor popular, el gobierno encargó al general Juan Picasso la incoación de un expediente de investigación y averiguación de las causas que provocaron aquel desastre. Pero el Expediente Picasso estuvo condicionado por la promulgación de dos reales órdenes firmadas en agosto y septiembre que eximían de la investigación a los generales Berenguer, Alto Comisario, Fernández Silvestre, Comandante General de Melilla y otros jefes. Y en noviembre de 1922 el rey dictó un decreto disponiendo que “un oficial sólo podía abandonar su puesto para declarar ante un juez en circunstancias especiales establecidas por el mando”.

Con tales limitaciones, Picasso no pudo acceder a los documentos de Berenguer, Fernández Silvestre y del ministro de la Guerra, Vizconde de Eza. Picasso exigió al gobierno conocer los planes de la campaña, pero se lo negaron, permitiéndole tan sólo oír a oficiales y tropa. También fueron nombrados cinco jueces para el esclarecimiento de los hechos. Uno de ellos, el general Batet, escribió la “tortura” que le producía” castigar a suboficiales subalternos por órdenes emitidas por superiores que se libraban del castigo. Ponía el ejemplo del alférez Juan Cisneros Carranza, destinado en Annual el 20 de julio. Quedó al mando de su destacamento con el que consiguió llegar al Monte Arruit agotado; fue enviado a reponerse a Melilla con sus hombres, pero apenas llegado allí, de nuevo fue llamado al combate siendo herido dos veces. Aun así, fue acusado de deserción. Según Batet, su envío a Melilla se debió a la confusión reinante en Monte Arruit, un “batiburrillo de cuerpos y unidades”.

El 3-11-1921 el diputado Besteiro acusó al rey Alfonso XIII de haber impulsado la guerra alentando a los militares africanistas más destacados (Silvestre y Berenguer, entre otros). También el diputado Indalecio Prieto imputó tal acción al monarca. Pero las acusaciones fueron rotundamente desmentidas por el Conde de Romanones, que en su discurso en Cortes del 19-11-1931, dijo: “Recogiendo el dictamen cierta especie, hace a don Alfonso de Borbón responsable único del desastre de Marruecos, achacándole inteligencias con unos y otros generales, que yo no voy a nombrar, en virtud de aquellas ansias imperialistas que, según el dictamen, le movían y por eso se deduce la acusación que fue el rey quien trajo el desastre. Con tal argumento toda la culpa sobre el acusado; los que eran Gobierno entonces no tenían responsabilidad alguna; sólo, total y absolutamente, se hace recaer sobre el ya ex rey”.

“¿Qué podía hacer?. ¿Es que en el expediente Picasso, tan discutido, tan examinado, hay rastro, hay pruebas fehacientes, ni tan siquiera pruebas indiciarias de esa acción directa de don Alfonso con los jefes?. ¿Es que hay en ello siquiera trasunto?. No lo hay, y por eso no ha podido encontrarse; no hay más que supuestos, no se pasa del supuesto, y la Comisión no había podido recoger de los testimonios de los generales a quienes ha citado nada que se relacione con esto, ni si quiera servir de cargo a don Alfonso…Esta búsqueda de responsabilidades fue perniciosa e inútil, porque fue utilizada como arma política para desgastar a los gobiernos, primero de Antonio Maura y después de Sánchez Guerra empeñado en llevar el Expediente Picasso al Congreso. Seguimos todos ciegos, olvidando que en el gobierno suyo figuraban ministros que lo fueron con Allende Salazar y, por tanto, acusados por la opinión de posibles cómplices del desastre”.

El Expediente Picasso, que tras ser sustanciado y entregado al gobierno el 18-04-1922, recogía la ineficacia, incompetencia y otras imputaciones graves de jefes y oficiales, en virtud de las que se proponía el procesamiento de 37 militares que les acusaba del desastre. Hubo excesivo estiramiento de las líneas, se dejó a las kabilas enemigas armadas en la retaguardia, basándose en un sistema de blocaos dispersos y poco organizados, posiciones mal abastecidas y mal guarnecidas, sin escalones de apoyo, se dejó la plaza desguarnecida y las kabilas impidieron una retirada organizada, las responsabilidades finales estaban muy diluidas entre los mandos importantes y subordinados entre los que organizaron mal la operación y los que huyeron. Refiere Martínez Campos en “España bélica”, página 252, que uno de los principales fallos fue la excesiva dependencia de los mandos intermedios e inferiores del Alto Mando para la toma de decisiones por sí mismos; se había perdido la costumbre de resolver situaciones por sí mismos, no se actuaba más que en función de órdenes recibidas y, de esa forma, pocos oficiales tuvieron iniciativa propia en medio del pánico”.

Pero Picasso proponía en su Expediente que también se depuraran responsabilidades de personalidades políticas y civiles, entre ellas, el Ministro de la Guerra, el marqués de Lema, Juan de la Cierva y otros. Decía E. Ortega y Gasset, en la página 96 de su libro “Annual”, que “si dispusiéramos de tanques, de cañones blindados y de aeroplanos en cantidad precisa, para que sirviesen últimamente, no sólo se podría castigar rápidamente a la harka y volver a la obediencia a los kabileños, sino que sería perfectamente hacedero, sin comprometer arriesgadamente grandes esfuerzos, socorrer a las posiciones aisladas. Dos camiones blindados y provistos de ametralladoras, montados por una ventana de soldados expertos, permitirían aprovisionarlas”. Y en las páginas 122 y 123 denuncia la ineficacia política de los Ministerios de Instrucción Pública, Hacienda y Guerra, como causantes últimos del desastre.

El 9 de julio el Consejo Supremo de Justicia Militar, aprobó el Informe de la Comisión Picasso, así como que se procesara a los generales Berenguer y Fernández Silvestre (si se le encontraba vivo), y del general Navarro (2º de Silvestre) cuando fuera rescatado, ya que éste se rindió en Monte Arruit el 10-08-1921, siendo capturado por Ben Chel-lal que lo entregó a Abd el Krim, pidiendo un alto rescate, como se hizo en los casos de los numerosos prisioneros a los que no remataron y que Abd el Krim los utilizó para cobrar fuertes rescates o para el canje por marroquíes en poder de las tropas españolas. Dicho Consejo Supremo procedió por su parte al procesamiento de otros 77 militares, 9 de ellos destacados jefes, aparte de los encausados por Picasso.

El Expediente Picasso resultó también mermado en sus efectos tanto por el posterior Golpe de Estado de Primo de Rivera que implantó la Dictadura como por el hecho de que, luego, las tropas españolas se lanzaron a la reconquista del territorio perdido, que brillantemente consiguieron, y con ello la posterior pacificación de la zona y la finalización de las hostilidades. El Ejército español restituyó así su prestigio, su dignidad y su buen nombre; en cuya ulterior misión nuestras fuerzas volvieron a dar sobradas muestras de su eficacia, arrojo, valentía y acometividad.

Y con aquella operación España y su Ejército prestaron a la monarquía y al pueblo marroquí inestimables servicios de tutela y apoyo, no sólo por haber restablecido el orden, la paz y la justicia que habían sido allí gravemente perturbados por los rebeldes a la Corona, incluso llegando a proclamar la República del Rif independiente de Marruecos, sino también facilitando a dicho país los medios y la ayuda necesarios para la modernización de sus instituciones y sus infraestructuras, el avance y desarrollo de su cultura y educación, la construcción de carreteras y demás vías de comunicación; y, en general, contribuyó decisivamente a salvar la monarquía, y a la incorporación de Marruecos a un mundo moderno y civilizado; aunque todo ello sirviera para empeorar la deslealtad que siempre Marruecos tuvo con España.