La iniciativa corresponde a los parlamentarios Miguel Urban y Marina Albiol

Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró ilegal las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes subsaharianos en la valla de Melilla, varios eurodiputados españoles han comenzado a interesarse como la Comisión Europea le va a exigir a nuestro país que cambie la legislación y ya no se contemple la devolución a Marruecos en las condiciones en que se estaban haciendo hasta el momento.

Por su lado, el eurodiputado de Podemos, Miguel Urban, ha reaccionado de inmediato y ha entregado en el registro del Parlamento Europeo un buen número de preguntas para que expliquen las actuaciones concretas que tomará hacia el Gobierno español para que cumpla la legalidad. En sus propias preguntas recuerda que es la Comisión Europea la institución encargada de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros.

Además, también insiste en si se tomarán “medidas adicionales” ante lo que considera una violación de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de manera sistemática por parte del Gobierno español.

Pero la reacción no ha estado solamente en manos del eurodiputado de Podemos, sino que también la europarlamentaria de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha aclarado a los medios de comunicación que su equipo ya se ha preocupado de que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le llegue al comisario de Migración de la UE, Dimitris Avramapoulos, para que traslade a las autoridades españolas la exigencia de que pongan fin a las ‘devoluciones en caliente’. Ha asegurado que la “sentencia viene a confirmar lo que desde las organizaciones llevan años denunciando, que vulnera la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

El comisario de Migración se podría ver empujado a modificar su última valoración sobre la normativa con la que el Gobierno trató de regular en 2015 las devoluciones en caliente. En febrero de 2015, Avramopoulos aseguró que el denominado ‘rechazo en frontera’ en las vallas de Ceuta y Melilla era compatible con la Directiva de retorno europea.