El pasado 3 de mayo anunciaba ETA su disolución definitiva. Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue incapaz de utilizar la palabra correcta: RENDICIÓN. Es una forma cobarde de aceptar que han sido derrotados por un sistema que odian: LA DEMOCRACIA. La noticia ha servido para iniciar un movimiento social que reivindica un cambio en la política penitenciaria de los terroristas encarcelados por su “actividad”; otra forma cobarde de decir que se pide el acercamiento de presos que han matado, secuestrado o han participado en un entramado delictivo cuya finalidad era matar a guardias civiles, policías, ciudadanos o políticos. Esa era su actividad. Los argumentos son el arrepentimiento, que están pagando por los delitos cometidos y que mantenerlos lejos de su entorno social es una especie de tortura que penaliza también a las familias. Es verdad que están privados de libertad por pertenecer a una organización asesina, pero no es cierto que los terroristas estén arrepentidos y, mucho menos, que los condenados colaboren en resarcir a las víctimas. Una evidencia es la operación que viene desarrollando la Guardia Civil y la Audiencia Nacional contra el entramado de ETA y su entorno ‘kale borroka’ en la que se han interviniendo 45 cuentas bancarias, treinta nóminas, catorce propiedades inmobiliarias y vehículos. Una intervención que trata de resarcir al Estado por el pago de responsabilidades civiles que ascenderían a más de ocho millones de euros. Ninguno de los condenados ha tenido intención de pagar a las víctimas o resarcir al Estado a pesar de tener solvencia económica, propiedades o nóminas suculentas. El Estado les obliga a pagar, porque los terroristas y su entorno sólo pagan y se rinden cuando se les obliga. Se trata de hacer ver a los delincuentes, a los violentos a los yonkis del dinero que el Estado no descansa ni puede descansar hasta que los delincuentes paguen todas sus deudas con los ciudadanos. Los españoles padecimos la lacra terrorista y hemos acabado con ella, pero ha aparecido otra lacra que trata de arrebatar la paz, la convivencia pacífica, el derecho de los padres a criar a sus hijos en un ambiente apacible. Los nuevos violentos se han trasladado a la otra punta del país y su finalidad es hacerse millonarios sin importarles atentar contra las Fuerzas de Seguridad; sin importarles conducir suicidamente coches robados cargados de drogas que embisten contra guardias civiles y policías; sin importarles la vida de otros conductores o peatones; no les importa matar a niños, guardias civiles, policías. Me refiero a los narcotraficantes del Campo de Gibraltar y a otras muchas organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Esta semana ha fallecido un niño de nueve años tras ser embestido por una embarcación relacionada con el narcotráfico; el pasado año el policía local Víctor Sánchez y muchos guardias civiles y policías han sufrido lesiones graves al ser embestidos por vehículos de organizaciones criminales que se dedican a esta actividad delictiva. Los ciudadanos decentes de la comarca del Campo de Gibraltar han salido a la calle para pedir más medios y acabar con tanta violencia, con tanta ostentación, con tanta impunidad. El Estado de Derecho ha sido capaz de acabar con ETA, con la financiación de esta banda criminal y de los que se enriquecieron abrazando a los asesinos. Ahora la Guardia Civil y la Audiencia Nacional les han recordado que el Estado no se queda inmóvil y que espera el momento adecuado para decomisar lo que no les pertenece: el dinero de las víctimas. Ahora estamos padeciendo otra lacra que trata de echar un pulso al Estado de Derecho: los narcotraficantes. Estos no esconden sus intenciones bajo falsos ideales, porque su único fin es el dinero, hacerse millonarios sin importarles matar, agredir, acabar con la convivencia pacífica en nuestro país. Sin embargo, se les olvida que el Estado tiene armas para combatir los intentos de pases, su estructura y su patrimonio. Por esa razón el ministro del Interior debe destinar a guardias civiles y policías para abortar los pases, pero también a grupos especializados en investigar los patrimonios de estas organizaciones para acabar con el negocio. No es una cuestión baladí recordar que estas personas están perfectamente identificadas y localizadas y, por tanto, las investigaciones patrimoniales no serán muy dificultosas, porque no podrán justificar compras de viviendas, embarcaciones de más de 250.000 euros, vehículos, dinero en cuentas corrientes... Ellos y sus testaferros saben que dedicando efectivos a investigar sus patrimonios tienen los días contados. Saben y nos temen, porque la Guardia Civil tiene capacidad y preparación para descabezarlos. Ellos lo saben y la sociedad está harta de esperar y padecerlos. Sólo hace falta personal y medios.