Estudiarán un alquiler vitalicio para los inquilinos de las casas portuarias

Tras la reunión mantenida el pasado viernes entre la Autoridad Portuaria y los ocupantes de las casas portuarias en el muelle de Poniente y San Amaro, el Puerto se comprometió a mediar con Puertos del Estado para que estas familias no tengan que dejar sus viviendas una vez que salgan a la venta.

El presidente de la institución les confirmó que se va a llevar a cabo una segunda tasación, no sobre plano sino teniendo en cuenta la situación actual de las viviendas, que en el caso de San Amaro, tienen más de 100 años.

Para ello, Rafael Rodríguez Valero, presidente del Puerto, les comunicó que iba a remitir a la empresa tasadora, Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), el dossier elaborado por los vecinos y el despacho de abogados que les asesora, donde detallan todos los desperfectos que hay en las viviendas, con la idea de que califiquen las viviendas a un precio asumible para los vecinos.

En ese sentido, José Carrete, presidente de la asociación que representa al bloque 1 del Muelle de Poniente, admite que tras la reunión se sienten más tranquilos, ya que hasta el momento, desde que conocieron que se iba a iniciar un proceso de enajenación para sacar las 63 casas a la venta, no habían tenido ninguna comunicación oficial al respecto.

“Hay casas que son iguales y que en la tasación cuestan precios diferentes”

No obstante el presidente del Puerto les dijo que iba a hacer todo lo posible, “pero la última palabra la tiene Puertos del Estado”. Carrete es un trabajador en activo, pero confiesa que todo este movimiento se ha intensificado por solidaridad con los jubilados y viudas de trabajadores del puerto.

“Ya tienen una edad donde no pueden solicitar ni una hipoteca y tampoco le pueden sacar de su hábitat”, reitera el trabajador. Admite que todo este proceso y sobre todo el desconocimiento ha provocado “bastante ansiedad” entre los ocupantes más mayores, sobre todo al conocer que la única tasación hecha hasta el momento cifraba el precio de las casas entre 80.000 y 100.000 euros.

“Nosotros no podemos pagar esto”, insiste, además de reiterar que las casas, tal y como se encuentran, no valen esa cantidad. Además, informa que la misma tasación era “ilógica”. “Hay casas que son iguales y que tras el estudio costaban diferentes precios”, señala, algo que les dejó en total desacuerdo y por lo que se propusieron hacer un dossier con los desperfectos, que también servirá para el programa de mantenimiento de este año. Durante esta reunión se expusieron sobre la mesa varias propuestas.

Una de ellas, emitida por el asesor legal de los propietarios se asemeja al que ya hizo el Invied (Instituto de la Viviendas, Infraestructura y Equipamiento de las Fuerzas Armadas), cuando enajenó y vendió casas de militares.

En este ejemplo, lo que se hizo en su día fue sacar a la venta, a un precio social, las casas a los trabajadores en activo y establecer un contrato de alquiler vitalicio para las personas que ya no podían optar a la venta, dejando establecido que esa casa, una vez falleciera el ocupante, no podía recaer en herencia, sino que saldría a la venta. “Así no se reclamaría por los herederos”, especificó Carrete. Hasta el momento es la opción más viable, sobre todo para las personas de mayor edad.

Todo ello será expuesto por la Autoridad Portuaria ante Puertos del Estado, asegurando los vecinos que creen que será una postura aceptada por la máximo órgano, ya que es una acción que se ha llevado a cabo antes en otros puertos de España, para no alterar a los inquilinos que han vivido allí durante toda su vida.

“Ellos no pueden salir de su vivienda”, reitera Carrete. Tras la reunión los inquilinos han visto una postura receptiva por parte del Puerto, sintiéndose satisfechos con este encuentro.