España será juzgada por el caso de las devoluciones en caliente por la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, el próximo 4 de julio.
En concreto, se celebrará el caso de las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014. Estos fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes “contra su voluntad” y “sin ninguna medida administrativa o judicial previa” según la primera sentencia, que dio a la luz en octubre y confirmó la ilegalidad a ojos de la justicia europea de este tipo de prácticas. Entonces se impuso una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los subsaharianos por daños morales, aunque finalmente el Gobierno recurrió a la sentencia.
Tras aceptarse el recurso, será la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo la que dicte sentencia en una situación excepcional: desde hace 20 años, cuando entró en vigor el protocolo, solo se han aceptado un 5,16% de las 2.129 solicitudes de remisión interpuestas.
A pesar de que en el caso se juzgan los hechos acaecidos en Melilla, sentará base sobre la legalidad de este tipo de actuaciones. El Gobierno de España dotó de un margen de legalidad a este tipo de rechazos en la frontera en 2015, ordenando una serie de directrices a los guardias civiles de las fronteras de Ceuta y Melilla. Desde entonces las denuncias de formaciones políticas y oenegés y la negación del Gobierno central han sido constantes.
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