La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aplazado del 4 de julio a septiembre la vista prevista sobre las devoluciones en caliente en España, según aparece en la web del tribunal.
España iba a ser juzgada por el caso de las devoluciones por la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.
En concreto, se celebrará el caso de las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014, y otro de Ceuta en el 2017.
En Melilla, los dos inmigrantes fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes "contra su voluntad" y "sin ninguna medida administrativa o judicial previa" según la primera sentencia, que dio a la luz en octubre y confirmó la ilegalidad a ojos de la justicia europea de este tipo de prácticas.
El recurso se acepto y ahora será la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, en septiembre, la que dicte sentencia en una situación excepcional: desde hace 20 años, cuando entró en vigor el protocolo, solo se han aceptado un 5,16% de las 2.129 solicitudes de remisión interpuesta.
A pesar de que en el caso se juzgan los hechos acaecidos en Melilla, sentará base sobre la legalidad de este tipo de actuaciones.
El Gobierno de España dotó de un margen de legalidad a este tipo de rechazos en la frontera en 2015, ordenando una serie de directrices a los guardias civiles de las fronteras de Ceuta y Melilla. Desde entonces las denuncias de formaciones políticas y oenegés y la negación del Gobierno central han sido constantes.
Las sentencias de Estrasburgo que confirman una violación del Convenio de los Derechos Humanos son de obligado cumplimiento, una vez el fallo sea fime, el Estado tiene que decirle cómo y cuándo cumplirá.
La próxima reunión del Comité, se celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre; la vista de la Gran Sala está prevista para el día 19.
En las salas habra 7 jueces y en la Gran Sala serán 17. También estará presente el juez nacional del país afectado. Como dato, el Abogado del Estado que defiende al Gobierno español en el proceso y cuyos argumentos desechó la primera sentencia del Tribunal es Rafael León Cavero.
Según la Agencia EFE, una vez se celebre la vista de la Gran Sala en septiembre, en la que las partes podrán intervenir de nuevo, el Tribunal podría hacer pública su decisión final antes de un año.
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