El Gobierno central mantiene el anteproyecto de Real Decreto sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Ceuta y Melilla “en tramitación” y sigue “trabajando en el mismo”, según ha explicado en su respuesta a una pregunta al respecto realizada por senador de Compromís Carles Mulet, que ha llevado a las Cortes la inquietud al respecto de la Coalición Caballas.
El plan ‘Por un futuro más estable y seguro’ aprobado por el Pleno en diciembre incluye entre sus prioridades “abaratar de manera sustancial y si es posible eliminar tanto el coste del transporte marítimo de mercancías con destino a la península como los gastos relacionados con la gestión de estas expediciones para favorecer el acceso del comercio local a otros mercados y formatos”, pero la plasmación de esa aspiración en la legislación acumula ya casi tres años en el horno político.
El Ministerio de Fomento sacó a consulta pública a mediados de 2018 un proyecto de Real Decreto sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las ciudades autónomas para “proporcionar una compensación justa y razonable frente a la desigualdad geográfica de Ceuta y Melilla de modo similar a lo que ya existe para las Islas Canarias y las Baleares”.
El texto debe venir a desarrollar la voluntad explicitada en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, donde se contempló implantar “con vigencia indefinida” un sistema de compensaciones destinado a “abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre ambas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo”.
La Ley 3/2017 estableció que el porcentaje de bonificación podría ser de hasta el 50% de los costes subvencionables en los términos y condiciones y con el procedimiento que se estableciese por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicha norma cumplió parcialmente lo dispuesto en el Reglamento 3577/92 del Consejo, ya que no se igualan las bonificaciones contempladas para Melilla y Ceuta con las existentes para las Islas Canarias, que pueden alcanzar el 100%.
Su concreción en un Real Decreto parece, sin embargo, encallada a pesar de que Mulet ha advertido al Ejecutivo central del PSOE y Podemos que “el Tratado de la Unión Europea reconoce que las regiones insulares sufren las desventajas estructurales vinculadas a su carácter insular, cuya permanencia perjudica a su desarrollo económico y social, y que justifica que se les deba prestar una mayor atención”. Caballas considera que “sería deseable desarrollar subvenciones al transporte de mercancías para Ceuta y Melilla con un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías en un porcentaje de bonificación que debería ser de hasta el 100% de los costes subvencionables, en los términos y condiciones y con el procedimiento que se establezca por el Gobierno”.
La posición de la coalición que ha hecho suya Compromís va incluso más allá y reclama que el desarrollo legal de las bonificaciones tenga efectos retroactivos en términos de generación del derecho al 1 de enero de 2017 de acuerdo con el espíritu del mandato constitucional de “velar por un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”, atendiendo en particular a “las circunstancias del hecho insular” y extrapeninsular equiparable.
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