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El Estado ya tiene el informe sobre la Ley del Suelo de Ceuta y Melilla

Mustafa insta al Ejecutivo local a urgir al ministerio a hacer la norma que actualizará el marco "preconstitucional" vigente

El titular de Fomento del Gobierno local, Alejandro Ramírez, ha argumentado este martes en el Pleno en su contestación a una interpelación de Ceuta Ya! que el Ejecutivo local comparte su impresión de que es necesario que las Cortes Generales aprueben una Ley del Suelo para las ciudades autónomas que actualice el régimen obsoleto vigente.

La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes encargó hace un año y medio a Ángel Menéndez Rexach, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), los trabajos de asesoramiento técnico para la elaboración de un anteproyecto.

Según Ramírez dicho texto ya está en manos del Gobierno central, que todavía no ha convocado al Ejecutivo local a un encuentro para estudiarlo juntos.

El portavoz autonomista, Mohamed Mustafa, ha instado a Ramírez a apurar al Estado en esta materia y ha recordado que “hace casi 30 años que se aprobó nuestro Estatuto y ustedes llevan gobernando más de 20, por lo que en la falta de una Ley del Suelo ustedes tienen mucha responsabilidad”.

El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta promete impulsar “una regulación de urbanismo integral” para las ciudades autónomas, ya que “en estos territorios la competencia sustantiva en la materia corresponde al Estado”.

La norma tendrá como objetivo dotar a ambas “de una Ley actualizada que permita convivir a la legislación urbanística tradicional procedente de la legislación de suelo de 1976 con la básica estatal de suelo contenida en el vigente Texto Refundido de 2015”. También incluiría “aquellos aspectos contenidos en los Reglamentos urbanísticos preconstitucionales que se consideren necesarios, además de propiciar una actualización necesaria de todos ellos”.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta opina que ni siquiera el nuevo PGOU tendrá suficiente alcance legal para “dar respuestas a los problemas estructurales de nuestra ciudad, como son la escasez de terrenos, condicionadas por los límites marítimo-terrestre, la dotación de una red de transporte adaptada a la densidad edificatoria, la compatibilidad Puerto-Ciudad o las dificultades para generar nuestra propia energía, entre otros muchos hándicaps”.

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