La defensa de las exconsejeras intenta demostrar que no era la Comisión Local de la Vivienda la que debía “controlar la adjudicación y el trabajo que desde Emvicesa se había encargado realizar”.
La defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, que como Mohamed Ali y José Antonio Carracao figuran como investigados en el ‘caso Emvicesa’ como miembros que eran de la Comisión Local de la Vivienda cuando se adjudicaron las 170 VPO de Loma Colmenar, ha aportado a las diligencias un documento de la Administración General del Estado para probar que fue esta la que financió íntegramente la construcción de la promoción (al margen de que después la Ciudad diera ayudas al alquiler).
La importancia de aclarar este extremo pasa por dilucidar si la Comisión Local era, como todavía sostiene la Fiscalía, o no, como estiman los abogados de Román y Mohamed, el órgano competente para decidir sobre la adjudicación, pues “si la única motivación de la imputación es pertenecer a la Comisión Local de la Vivienda y queda acreditado que no tenía la función de controlar la legalidad y transparencia en esta promoción de viviendas, no existe motivo para continuar dicha imputación por cuanto ellas no eran quienes tenían que controlar la adjudicación y el trabajo que a Emvicesa se había encargado realizar”.
Tesis
Sin base. “No existe motivo para continuar la imputación porque no controlaban la adjudicación”
Esta tesis fue expuesta en la petición de sobreseimiento de la investigación en lo que atañe a las ex consejeras en octubre. El Ministerio Público se opuso a su solicitud remitiéndose a lo declarado por la jurídico de Emvicesa y la ex gerente de la sociedad, Kissy Chandiramani, según las cuales “era de aplicación” el Reglamento local a esa promoción, y cuestionando la “aplicabilidad” del Acuerdo Marco Estado-Ciudad de 2007 tanto en su ámbito “material” como “temporal” al estimar que no constaba “ninguna documental que acredite que era la normativa aplicable más allá de Nochevieja de 2010, cuando en principio vencía.
El documento trasladado por el abogado de las ex consejeras, Jorge Martín Amaya, que ahora espera también un pronunciamiento por escrito de la Intervención de la Ciudad al respecto, viene, a su juicio, a dejar “fuera de toda duda” tanto que el Estado pagó hasta el último céntimo de las casas (con lo que la Comisión Local carecía de competencia para actuar aplicando el Reglamento de adjudicación de la Ciudad) como la vigencia del Acuerdo Marco de 2007 y la creación de una comisión de seguimiento para los planes de vivienda impulsados en las dos ciudades autónomas.
El documento, firmado en 2015, recuerda que el extinto Ministerio de la Vivienda (a través de SEPES) y la Ciudad Autónoma pactaron en 2007 la construcción de 600 VPO en Ceuta con el compromiso estatal de “financiar la urbanización y construcción de las viviendas” con una aportación de 48 millones de euros.
Financiación estatal
En 2009 se aprobó “un borrador de adenda al convenio para prolongar su duración” y en 2011 se firmó un nuevo convenio que elevó a 82,5 millones la inversión total. “SEPES ha desarrollado la primera promoción para la construcción de 170 VPO con un coste total de 17,1 millones, suscribiéndose acta de entrega el 31 de julio de 2012, y la segunda promoción de 317 VPO con un coste estimado de 41,9 millones, firmándose acta de entrega el 9 de diciembre de 2014”, refiere el texto que asumió la necesidad de que el Ministerio pusiera en 2015 y 2016 un total de 11,1 millones por encima de los inicialmente contemplados al margen de la liquidación definitiva de la obra por el abono de los justiprecios de expropiaciones.
El Plan de construcción de esas viviendas, de las que hasta ahora solo se han levantado 487, establecí que se trataba de casas protegidas para arrendamiento y que tanto la propuesta de criterios como la adjudicación quedaba atribuida a una Comisión Técnica de Evaluación que se constituyó el 3 de noviembre de 2011, cuando estaba “próxima a la finalización” la obra de las 170 VPO.
Sus integrantes eran el ex delegado del Gobierno José Fernández Chacón y otras dos altos cargos del Ministerio, por parte del Estado; y Francisco Márquez, Guillermo Martínez y Antonio López por la Ciudad Autónoma, aunque este último no se acordaba siquiera de la existencia de este órgano cuando fue preguntado al respecto en sede judicial en verano
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