El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado este miércoles en el BOE el Real Decreto con el que regula “la concesión directa de subvenciones a empresas de determinados sectores que tengan personas trabajadoras con contratos indefinidos” en Ceuta, la fórmula que ha elegido el Gobierno central para compensar la pérdida que en las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social supone el cambio desde el 1 de septiembre del régimen vigente del 50% por una cantidad fija mensual (262 euros) que perjudica a las bases de cotización superiores a 1.668 euros.
Los agentes sociales han comenzado esta mañana a analizar a fondo el texto, que como mínimo “complica” el sistema establecido hasta ahora, ya que sustituye parcialmente bonificaciones directas por subvenciones que habrá que solicitar al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y que se pagarán a año vencido.
Los sectores beneficiarios seguirán siendo los mismos: agricultura, pesca y acuicultura; industria, (excepto energía y agua); comercio; turismo; hostelería y resto de servicios (salvo el transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias). Se pagarán a los trabajadores con contratos indefinidos y que sigan al menos 20 horas de formación al año.
Las subvenciones que se crean ahora servirán para “complementar” las bonificaciones vigentes y expirarían en 2026, cuando termine el periodo de implementación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad.
Su cuantía será “la diferencia que pudiera existir entre el importe equivalente al 50% de la aportación empresarial a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial” y los citados 262 euros.
El pago de esa diferencia será a año vencido, ya que las solicitudes de subvención se dirigirán a la Dirección General del SEPE durante “el primer trimestre de cada ejercicio” y “una vez las empresas hayan presentado los boletines de cotización a la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre del año anterior”.
El órgano competente resolverá y notificará la resolución de concesión o denegación de la subvención solicitada en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
La patronal está esperando el desarrollo reglamentario del controvertido Real Decreto para comprobar de qué manera se materializará el pago de la nueva bonificación fija de 262 euros al mes, que sí sería superior al incentivo del 50% en el caso de los sueldos más bajos.
De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno central a El Faro, las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social costaron a la Administración General del Estado el año pasado 35,04 millones de euros para 19.688 beneficiarios en las dos ciudades autónomas (unos 9.000 en Ceuta), a una media de casi 150 euros al mes.
El candidato al Congreso del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha vuelto a tachar este miércoles de “parche electoralista” las subvenciones que ha anunciado el Gobierno de Sánchez para compensar las pérdidas que para las bases de cotización superiores a 1.668 euros supondrá el cambio del régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social del 50% a una cantidad fija mensual de 262 euros a partir del 1 de septiembre.
Una vez leído el Real Decreto publicado en el BOE, Celaya ha dicho que “se confirma” que se trata de una engañifa: “Esas subvenciones se percibirían a año vencido y los empresarios tendrían que adelantar el dinero y luego poner en macha un nuevo trámite administrativo de solicitud para recuperarlo, algo que a lo mejor no harían hasta julio del año siguiente”, ha lamentado.
Además, el mantenimiento de esas compensaciones está limitado a la vigencia del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, que expira en 2026, con lo que lo que no serán “estables” en el tiempo.
“Hablamos de un engorro burocrático y de un parche electoralista que está muy lejos de la mejora en el régimen vigente para elevar el porcentaje de bonificaciones al 75%, que es lo que se reclamaba”, ha contrapuesto el candidato las peticiones de la patronal y las instituciones locales a las consecuencias del “bombardeo legislativo” del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
“Si llegamos al Gobierno tendremos que estudiar la situación para cumplir nuestro compromiso,q que como mínimo es derogar el Real Decreto de enero, así como mejorar y profundizar en el sistema vigente, pero no que no sabemos es si dará tiempo a hacerlo antes del 1 de septiembre”, ha criticado Celaya.
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