El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretende presentar al Consejo Territorial en el plazo de “dos meses” “para su discusión y, si procede, aprobación”, una estrategia “para la integración de las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados” cuya ejecución servirá “de impulso para atender la situación de la
infancia migrante que se encuentra en Canarias y en Ceuta”, donde la presión migratoria infanto-juvenil se ha multiplicado exponencialmente tras la
crisis fronteriza de mediados de mayo, que ha dejado aproximadamente un millar de menores
marroquíes solos ya acogidos (algo más de 800) o deambulando todavía por las calles de la ciudad. Según ha explicado el Gobierno central a la senadora del PP Paloma Sanz, “la situación vivida en Ceuta, como la reciente de Canarias y otras anteriores, ha puesto de manifiesto
la necesidad de disponer de una estrategia estable para la integración de los menores extranjeros no acompañados que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso y que asegure la corresponsabilidad de todas las Comunidades Autónomas en la atención y acogida de las niñas, niños y adolescentes que llegan solos a España”.
Dicha estrategia ha de contener, entre otros aspectos, “criterios estables y consensuados de distribución de plazas y de derivación, un protocolo de actuación y de traslado y un modelo compartido de atención”.
El Ministerio que dirige Ione Belarra ya ha concluido los trabajos de elaboración del protocolo de traslados y el Modelo Compartido de Atención Integral a la infancia y adolescencia migrante no acompañada, que en la actualidad se encuentra pendiente de la puesta final en común para el consenso definitivo con las Administraciones competentes, las organizaciones de infancia y los Departamentos ministeriales afectados.
A partir de estos trabajos, el Ministerio se ha comprometido a rematarlo con todas las Administraciones implicadas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El objetivo es que pueda presentarse “en el plazo de dos meses”.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya han contemplado un crédito de 27,7 millones destinado a “apoyar la atención a migrantes no acompañados que realizan las Comunidades y Ciudades Autónomas en cumplimiento de sus competencias exclusivas en materia de protección a la infancia”. Con este apoyo, que tiene un carácter “complementario”, el Ministerio quiere “contribuir a la mejor atención e integración social de estas personas con un refuerzo que revierta en una mejor garantía de los derechos de estos menores”.
Canarias pide una ley que blinde repartos “equilibrados”
El Gobierno de Canarias aprovechó la crisis migratoria acontecida en Ceuta a mediados del pasado mes de mayo para pedir en el Consejo Territorial en el que se acordó el reparto entre las distintas regiones de 200 adolescentes que ya tutelaba la Ciudad Autónoma (asignación de que se excluyó tanto a ese archipiélago como a Melilla) para reivindicar que se fije por ley una distribución equilibrada entre comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España.
La consejera canaria de Derechos Sociales, Noemí Santana, deseó que la avalancha del Tarajal fuese “una oportunidad” y sirviera de “impulso” para encontrar “soluciones de una vez para Ceuta y para todas las comunidades que sufren esta problemática”.
Desde su punto de vista no se puede “dejar la responsabilidad solo a las comunidades receptoras de personas migrantes” y ello no es sólo “una cuestión de solidaridad, sino de corresponsabilidad de todos los territorios del Estado”.
Por eso, pidió una ley que obligue a “un reparto corresponsable y solidario de los menores”, a que este sea “equilibrado” y en base a la población y a los recursos de cada comunidad autónoma y a que “el Estado también sea responsable de la tutela de los niños y niñas migrantes que llegan a territorio español”.