El Gobierno central no parece tener la menor intención de hacerse cargo de las obligaciones que, legalmente, se impuso hace dos años en lo que a la necesidad de financiar con condiciones el transporte de residuos desde las regiones extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) se refiere. No hay dinero.
El Ejecutivo de la Ciudad dedicará este 2024 algo más de 6,6 millones al servicio que presta sin contrato Urbaser y que la Consejería de Fomento no acaba de licitar de nuevo.
En su contestación a un diputado balear del PP que interpeló sobre por qué no se han asumido aún esos costes en todo o en parte, el Gobierno de Sánchez ha alegado que “como consecuencia de las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis de 2010, el presupuesto ordinario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para actuaciones en materia de residuos se ha visto sensiblemente reducido”.
Por ello ha quedado “focalizado en actuaciones singulares que supongan un cambio en la gestión, de residuos, tendentes fundamentalmente a financiar la recogida separada de biorresiduos y a su tratamiento”.
De momento en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que han quedado prorrogados, solo se incluyó un millón para “subvencionar el transporte de residuos entre islas” en el archipiélago canario.
“Si bien los residuos están sometidos a la responsabilidad ampliada del productor, los costes vinculados al transporte de esos residuos para su tratamiento deben ser financiados por los productores de producto afectados”, ha añadido el Ejecutivo de la Nación.
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que el Estado ya debería haber establecido medidas “para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la península o a otra isla”.
Dicha financiación está condicionada “a la existencia de programas de prevención y planes de gestión de residuos vigentes” y adoptados conforme a lo establecido en esa ley “que demuestre que se están adoptando las medidas necesarias para minimizar la cantidad objeto de transporte”.
La Ley de Residuos de 1998 ya preveía “planes nacionales” para “financiar el transporte marítimo” de desechos extrapeninsulares que no pudieran valorizarse en esas regiones “por razones territoriales, de economía de escala o de gestión correcta”.
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