La estabilidad del profesorado interino

Intervenir en el espacio de opinión analizando las cuestiones relacionadas con la interinidad en el ámbito docente, es una actividad de riesgo. Porque no es fácil sortear los prejuicios que se han extendido durante décadas denostando frívolamente a un colectivo que merece el máximo respeto y consideración. Desde una insoportable irresponsabilidad se ha etiquetado al profesorado interino como una especie de casta privilegiada y acomodada que, gozando de una protección excesiva e injusta, impide el acceso a la profesión docente a una legión de abnegados aspirantes siempre maltratados. A partir de ahí, resulta muy complicado cualquier debate. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Intentaremos exponerlo con la serenidad que requiere un espacio de opinión abierto a la reflexión; y ajeno al fragor de debates y confrontaciones coyunturales.

En primer lugar, es necesario recordar que la condición de interino no es un atributo personal de nadie, sino una situación administrativa. No forma parte del ser, si no del estar. No son interino e interinas. Son profesores y profesoras. Por vocación y por dedicación, como queda fácilmente demostrado con una sencilla observación de la realidad cotidiana en todos los centros educativos. La calidad del profesorado interino no se diferencia un ápice de la de sus compañeros y compañeras en otra situación administrativa. De hecho, hay un dato concluyente que lo explica. Más del noventa por ciento de los docentes funcionarios de carrera han estado en situación de interinidad previamente. Criticar a los interinos es, en realidad, criticar a los docentes en general, lo que resulta sumamente injusto y estúpido. Por otro lado, es preciso poner de manifiesto que no se accede a la interinidad de manera aleatoria ni arbitraria. No es un privilegio otorgado de manera predeterminada. Las listas de profesores interinos se confeccionan mediante un procedimiento administrativo perfectamente regulado, respetando la libre concurrencia, y aplicando un baremo de méritos entre los que se incluye también la nota de oposiciones de convocatorias precedentes. Otra perogrullada. Todos los que hoy son interinos fueron antes aspirantes (en la misma situación en la que hoy están otros que se puedan sentir impacientemente agraviados).

La interinidad en educación (con rasgos notoriamente diferenciados respecto al resto de administraciones) funciona, de hecho, como una pasarela del sistema por la que transita la inmensa mayoría del profesorado de manera muy diversa (tanto en su duración como en su desenlace), ya que los factores que intervienen en el acceso a la función pública docente son múltiples y no escapan, en ningún caso, al azar. La prolongación de la permanencia en situación de interinidad es siempre indeseada y obedece a una variedad tal de causas que es muy necio convertirlo en una categoría (siempre resulta sencillo enjuiciar la vida de los demás desde la ridícula petulancia del ignorante).

La aceptación de estas premisas (para nosotros indiscutibles) nos lleva a una incontrovertida conclusión: la defensa a ultranza de la estabilidad del profesorado interino. Cuanto más “segura” y estable sea la pasarela, tanto mejor. Por dos motivos fundamentales. Porque es mejor para el sistema en su conjunto; no en vano, la estabilidad del profesorado es un valor de calidad educativa reconocido universalmente. Y porque la precariedad de los trabajadores y trabajadoras es considerada, de manera unánime, como una lacra a erradicar. No tendría sentido exceptuar al profesorado de este principio general.

“Sólo quedan dos opciones: que el Ministerio se contradiga a sí mismo y acepte convocar oposiciones prescindiendo del sistema nuevo o aplicar una moratoria en Ceuta y Melilla acumulando las plazas para próximos ejercicios con el mismo decreto en todo el país”

En consecuencia, tanto la política de recursos humanos de la administración educativa, como todas las decisiones que de ella emanen, deben tener como orientación esencial, lograr el mayor grado de estabilidad del profesorado interino, en el marco del respeto a los límites que impone nuestro ordenamiento jurídico. Cuanto menos tiempo dure la “transitoriedad”, mejor para todos, porque lo que resulta una evidencia (esto es un hecho contrastado, no una opinión), es que, al final, más del noventa por ciento del profesorado interino obtiene una plaza de funcionario de carrera, y mientras esto sucede sigue trabajando… pero en precario No tiene mucho sentido prolongar la zozobra la incertidumbre y la inestabilidad de manera tan innecesaria.

Todos estos argumentos, entre otros, han servido para que las Cortes Españolas, siguiendo una recomendación (con tintes de mandato) de la Unión Europea, haya puesto en marcha un procedimiento de estabilización del empleo público que, lógicamente, también afecta a los docentes. Este procedimiento (de tres años de duración) se basa fundamentalmente en ampliar las ofertas públicas de empleo el máximo posible, y aplicar un modelo de concurso-oposición más simple y con mayor peso específico de la experiencia docente, asumiendo los límites fijados por la ley para garantizar la libre concurrencia. En esta situación nos encontramos en este momento.

Durante los años dos mil veintidós, veintitrés y veinticuatro, las ofertas de empleo deben ser suficientemente generosas para dejar el empleo temporal en el ocho por ciento; y las oposiciones deben regularse por un nuevo decreto (aún sin aprobar). Esto, aparentemente sencillo, ha devenido en un conflicto de considerables proporciones; por un problema de plazos legales en la tramitación de la futura norma, combinado con la dificultad de coordinar dieciocho voluntades diferentes e independientes entre sí (diecisiete comunidades autónomas y el propio Ministerio).

La convocatoria de este año (en principio para el cuerpo de maestros) ha entrado en una fase de confusión e incertidumbre que está causando un enorme desasosiego entre los afectados. El Ministerio estaba (sigue estando) convencido de que el nuevo decreto entrará en vigor a tiempo de incluirlo en la convocatoria de este año (se prevé que esté publicado en marzo).

Sin embargo, muchas comunidades autónomas (entre ellas Andalucía, más relevante para Ceuta por su proximidad geográfica), o no lo han creído, o por otros motivos (no explicados), han decidido convocar las oposiciones por el sistema antiguo. Si el Ministerio se mantiene en su postura (como ha hecho hasta ahora) y convoca con el nuevo decreto, se produciría una situación desde todo de punto de vista inaceptable: opositores al mismo cuerpo de funcionarios del estado, tendrían pruebas de acceso diferentes (no ha sucedido nunca y sería incluso anticonstitucional).

Pero es que, además, esta absurda dualidad de oposiciones simultáneas, ocasionaría un gravísimo e injusto perjuicio al profesorado interino de Ceuta (y Melilla), ya que al resultar más atractivo el sistema aplicado por el Ministerio, se generaría un más que probable desplazamiento masivo de aspirantes procedentes de otras regiones hacia nuestra Ciudad.

Otro agravio comparativo. Todas las Comunidades introducen mecanismos de protección de “sus” interinos; pero el Ministerio no termina de asumir que los de Ceuta y Melilla son “sus” interinos, y que merecen el mismo grado de protección que los demás. El principio de igualdad siempre termina quebrado en Ceuta.

Ante esta tesitura, y para corregir esta extraña situación, solo quedan dos opciones. Una. Que el Ministerio se contradiga a sí mismo y acepte convocar unas oposiciones prescindiendo del sistema nuevo en el que lleva trabajando más de un año. Esta decisión supondría un claro perjuicio para el colectivo de interinos: restaría un número significativo de plazas del proceso de estabilización, que se cubrirían con el sistema anterior (en contra de lo que dice a ley en vigor). Dos. Aplicar una moratoria en el ámbito del MEFP, de forma que este año no hubiera oposiciones y se acumularan las plazas para los próximos ejercicios, ya con la situación normalizada y con el mismo decreto para todo el país. Tal y como hemos dicho con anterioridad, nuestra posición está siempre orientada a defender la estabilidad del profesorado interino hasta el máximo posible. En este caso, lo mejor para los interinos e interinas, y para nuestro sistema educativo, es la moratoria.