España recibirá 452 millones de los fondos de inmigración de la UE

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el fondo de asilo, migración e integración de la UE, que estará dotado con 3.100 millones de euros hasta 2020, de los que España recibirá 257 millones. Los eurodiputados también han aprobado 2.760 millones de euros para el fondo de seguridad interior, del que España percibirá 195 millones para la vigilancia de fronteras, con lo que en total suman 452 millones.
Las normas del fondo de migración establecen que cada país tendrá que gastar al menos el 20% del dinero percibido del fondo en medidas para promover la inmigración legal y la integración de los inmigrantes. Además, otro 20% adicional irá destinado a reforzar y desarrollar el sistema europeo común de asilo.
Por lo que se refiere al fondo de seguridad interior, se utilizará para construir las infraestructuras necesarias para la vigilancia de las fronteras exteriores. Además, financiará los sistemas operativos requeridos para la puesta en marcha del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, más conocido como Eurosur. La gestión de los flujos migratorios y de las solicitudes de visado, así como la cooperación consular, también estarán financiadas por este fondo
Por otra parte, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial y a la prevención de la delincuencia estará dotado con 1.000 millones de euros para los próximos siete años.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido a la Comisión un anticipo de estos fondos por valor de 45 millones de euros para hacer frente a lo que denomina situación de “emergencia” en Ceuta y Melilla. El Ejecutivo comunitario todavía no ha contestado a esta solicitud, con lo que se desconoce los trámites que se seguirán para atender, si cabe, esta petición.
Con la partida señalada se incluye, entre otras actuaciones, la mejora de los dos espigones, tanto el del Tarajal como el de Benzú, además del refuerzo en la impermeabilización del vallado del perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos.

La juez autoriza a Interior a que haga públicos los informes pedidos del 6-F

Tal y como se preveía, la juez ha dado autorización al Ministerio del Interior para hacer públicos en el Congreso todos los informes sobre la tragedia del 6-F, que se saldó con la muerte de 15 subsaharianos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió a celebrar una nueva comparecencia de algún cargo del ministerio para clarificar la tragedia si la juez del caso permitía que se dieran a conocer todos los informes que ha pedido a Interior, hecho que ya se ha producido. Será el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el que comparecerá el miércoles en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para detallar toda la información que ha sido requerida por los grupos parlamentarios de la oposición. Esta comparecencia se produce a petición propia, después de que el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, se comprometiera tras el debate de una interpelación del PSOE a que un miembro de su departamento compareciera en sede parlamentaria para ofrecer más detalles de lo sucedido en esa trágica madrugada del 6 de febrero. El PSOE quería utilizar esa interpelación como paso previo a una moción en la que someter a votación una reprobación de Fernández Díaz, ante lo sucedido en el espigón después de que el PP rechazara su petición de crear una comisión de investigación en el Congreso.

Las oenegés recelan del pacto de Estado por la inmigración

El pacto de Estado para la inmigración que ha ofrecido a la oposición el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido recibido con escepticismo por parte de colectivos sociales que trabajan en favor de los sin papeles.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera “un hecho positivo la posibilidad de que se alcance un pacto de Estado en materia de migraciones, siempre que dicho pacto no sea una propuesta sesgada centrada únicamente en el control de fronteras, debiendo incluir un eje transversal que respete y garantice el cumplimiento de los derechos humanos”.
Para la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ese pacto “debe incluir políticas de asilo a efectos de garantizar el acceso a la protección internacional, políticas de integración, políticas contra la trata y el tráfico de seres humanos que aseguren la atención y protección, no solo ahondando en la inmigración irregular y en el blindaje de las fronteras”. Asimismo, juzga necesario una armonización de políticas donde paralelamente se actúe en los países de origen profundizando en las causas que provocan los flujos migratorios.
“Lo que no sería admisible es que el pacto de Estado persiga zanjar el esclarecimiento necesario de la tragedia de Ceuta, tratando de dar legalidad a las devoluciones ilegales (devoluciones en caliente), y seguir adelante con las violentas medidas que se están utilizando para el control de fronteras, como es el uso de las concertinas y de material antidistubios”, declaró Galán. Por su parte la Liga Africana en España considera que se debe tener en cuenta “otra gestión de la frontera en Ceuta y Melilla”, que ahora es tratada como “una zona de guerra”.