Categorías: Opinión

España quiere elecciones generales en noviembre

El gobierno socialista se dedica a decidir si adelanta las elecciones al mes de noviembre o no, a que Rubalcaba se presente a la sociedad como el único candidato socialista posible de un partido agónico, sin ideas y predestinado a un fracaso electoral irremediable, donde la figura de Zapatero significa el fracaso de unas políticas llamadas socialistas y el empobrecimiento de un país y de sus ciudadanos. La debilidad del gobierno  socialista no consigue el pacto social tras 5 meses y otros 90.000 empleos destruidos. El gobierno socialista ha sido incapaz de liderar un proceso de negociación que ha fracasado: Ni siquiera han conseguido que la CEOE y los sindicatos agotaran el plazo de las conversaciones. Desde que empezaron las negociaciones en enero, casi 90.000 personas han engrosado las listas del paro.
La debilidad del gobierno socialista le hizo retrasar la fecha límite para un acuerdo desde el 19 de marzo: La prolongación de las negociaciones ha paralizado las decisiones de contratación de las empresas cuando más hace falta crear empleo.
Rubalcaba es un ejemplo de la falta de austeridad, manteniendose con tres cargos en el gobierno para aprovechar los recursos públicos para su campaña como candidato del Partido Socialista Obrero Español.  La mayoría de los españoles claman ya por elecciones. Tras las elecciones de Portugal, los ciudadanos no quieren ser los únicos europeos, con Grecia, que siguen sufriendo la crisis con gobierno socialista. Todas las encuestas publicadas en la prensa, indican que la mayoría de los ciudadanos quiere elecciones. Tres de cada cuatro personas dice que no confía absolutamente nada en la política económica de Zapatero.  El 22M ha aumentado el clamor de los españoles por un cambio a las políticas del Partido Popular. Después de los resultados electorales, ha subido 10 puntos el porcentaje de los que piden elecciones. Disminuye también el número de votantes del Partido Socialista Obrero Español  partidarios de agotar la legislatura.
Cuando peor están las cosas para España, el gobierno ha dejado de preocuparse por los problemas de los españoles y se dedica a hacerle campaña a Rubalcaba.
Desde que el gobierno socialista suprimió el techo de gasto, la deuda autonómica se ha duplicado. Entre 2005 y 2010, la deuda de las CCAA ha aumentado casi 60.000 millones de euros.
Rubalcaba ha rechazado la propuesta del Partido Popular de restablecer por ley el techo de gasto de las Autonomías. El Partido Socialista Obrero Español rechazó una Proposición de Ley del Grupo Popular de recuperar el techo de gasto para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Unión Europea lo vuelve a reclamar al gobierno socialista.
El Partido Popular promoverá una Ley de Estabilidad Presupuestaria con un techo de gasto y de endeudamiento. Incluirá la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión indicativa del gasto financiero del presupuesto y los compromisos de gastos para los años siguientes. Cada comunidad autónoma fijará un techo de gasto no financiero dentro de sus proyecciones económico- presupuestarias plurianuales compatibles con las previsiones nacionales, que será aprobado por las asambleas regionales y presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.  
Rubalcaba debe aclarar si se va a oponer también a la propuesta del Partido Popular para la Transparencia de las Cuentas Públicas y para un mejor control del déficit. Para poder cumplir con el objetivo de déficit tiene que haber un conocimiento profundo de cómo están las cuentas públicas. Se debe cumplir el modelo de financiación y aprobar y actualizar los planes de reequilibrio que tiene que presentar las comunidades. Hay que convocar la Comisión Nacional de la Administración Local para que se analice la situación de los ayuntamientos y el cumplimiento de sus objetivos de déficit.
El gobierno socialista abandona a los 5 millones de parados aprobando un decreto que no incluye ninguna medida para favorecer la contratación. Excluye de la reforma la negociación salarial y la lucha contra el absentismo laboral.
El decreto demuestra que el objetivo del gobierno socialista no es hacer las reformas que necesita España sino mantenerse en el poder para impulsar la campaña de Rubalcaba. El decreto no hace ninguna de las reformas que solicita la Unión Europea y los demás organismos internacionales. El decreto es sólo un gesto para conservar la simpatía de los sindicatos de cara a las próximas elecciones.
Las medidas del gobierno socialista resultan contraproducentes para la economía y el empleo. El Ministerio de Hacienda reconoce que la reforma laboral incentiva los EREs masivos. El gobierno eliminó el requisito de mantener el empleo para que las empresas se beneficiaran de incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades. Desde entonces, el número de trabajadores de grandes compañías afectados por EREs se ha disparado un 210%.
Y mientras tanto Zapatero sigue agarrado al poder sin hacer caso a lo que piden los ciudadanos de este país, elecciones generales anticipadas ya.

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