Foto: @TelQuelOfficiel
El Gobierno de España ha respondido a una pregunta parlamentaria del PP que pedía detalles sobre en el encarcelamiento de un exministro y opositor del Gobierno de Marruecos con nacionalidad española asegurando que los derechos haumanos “se defiende y promocionan en todos los países”.
Así ha contestado por escrito al PP que preguntaba por el exministro marroquí Mohamed Ziane detenido el pasado 21 de noviembre y trasladado a prisión para cumplir una condena a tres años por once delitos, entre ellos "insultar a instituciones" y "acoso sexual", confirmada por un tribunal de Rabat.
Nacido en Málaga hace 79 años, el opositor marroquí tiene la doble nacionalidad española y marroquí.
Tras conocer su detención, el PP preguntó al Gobierno si tenía más información sobre este caso, si se ha brindado a Ziane algún apoyo desde la Embajada de España en Rabat y si ha habido comunicaciones oficiales entre los gobiernos de ambos países en relación con su detención.
En respuesta, adelantada por la web The Diplomat in Spain, el Gobierno se ha limitado a asegurar que “los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del gobierno de España y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se defienden y promocionan en todos los países”.
“Tanto en sus contactos bilaterales como en el marco del diálogo de la Unión Europea con los distintos Estados, España suscita las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, de manera global y en los casos particulares”, concluye la respuesta oficial.
La respuesta del Gobierno está fechada el pasado 30 de enero, tan solo un día antes de que tuviera lugar en Rabat la celebración de la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos los días 1 y 2 de febrero a la que asistieron el presidente Pedro Sánchez y una docena de ministros.
El opositor Ziane fue detenido en el despacho de su abogado en el centro de Rabat y trasladado a la prisión El Arjat II, en las afueras de la capital marroquí.
Ziane dirigió en los últimos meses duras críticas al Estado marroquí, a la monarquía y a las instituciones de seguridad del país.
El que fuera ministro de Derechos Humanos entre 1995 y 1996 fue condenado a 3 años de cárcel por un juzgado de primera instancia de Rabat por "desacato a decisiones judiciales" y "difundir informaciones falsas para la difamación de personas mediante medios electrónicos", entre otros delitos.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía marroquí precisó que el exministro fue condenado también por "adulterio", "dar mal ejemplo un menor", "insultar a jueces y a funcionarios públicos", "ayudar a una persona a abandonar el territorio nacional de forma clandestina" y "ocultar a un criminal".
Recientemente, Human Rights Watch denunció las "tácticas" de las autoridades marroquíes para acallar a los disidentes del país magrebí, entre ellas las condenas a prisión por diversos delitos como los relacionados con acoso o abuso sexual.
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