El Gobierno logra el acuerdo unánime de todas las CCAA para cumplir con el objetivo de déficit. Todas las CCAA se comprometen a cuadrar sus cuentas públicas según los objetivos fijados por el Gobierno del Partido Popular y el compromiso en la UE. objetivo de déficit para las CCAA para 2012 es del 1,5% del PIB y para 2013 del 0,7% según el compromiso al que llegó España en el seno de la UE. Para apoyar este esfuerzo, el Gobierno determinará para el próximo año los criterios de reparto entre las administraciones públicas y revisará el sistema de financiación de las CCAA para hacerlo más eficiente y equitativo.
La prioridad de todas las CCAA es avanzar en la senda del crecimiento económico y fortalecer el proyecto europeo del que formamos parte. Las CCAA respaldan la disponibilidad de instrumentos en el seno de la UE, como el BCE, que garanticen el acceso a la financiación, a administraciones públicas y a pymes, especialmente. La Conferencia de presidentes también ha apoyado la iniciativa del Consejo europeo de avanzar en la integración fiscal, económica, política y bancaria, clave para disipar las dudas sobre la irreversibilidad del euro.
Gobierno y CCAA reforzarán su coordinación para reforzar las políticas de creación de empleo y de competitividad económica. En este punto, las CCAA prestarán especial atención a la inversión en educación e I+D+I, especialmente. En materia de creación de empleo, se llevará a cabo una evaluación de las políticas activas y pasivas de empleo para fortalecer su eficiencia y coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los autonómicos. Este esfuerzo traspasará las fronteras con el apoyo a las políticas comunitarias orientadas al empleo, con especial atención al desempleo juvenil y al de desempleados de larga duración.
Las CCAA llevarán a cabo un plan de racionalización de la administración para simplificarla y eliminar trabas burocráticas y duplicidades. Con este fin se creará un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente. Esta medida es fundamental para racionalizar el gasto de la administración pública y para facilitar la actividad a pymes, motor de empleo y de crecimiento en nuestro país.
Los presupuestos demuestran con hechos que este Gobierno garantiza la Sanidad y los Servicios Sociales. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha incrementado su presupuesto un 28,5% a pesar de la crisis. Esta partida es un 11% superior al aprobado en los últimos presupuestos del Gobierno socialista.
La prioridad del Gobierno es que la sanidad pública quede completamente protegida a pesar de la grave situación económica. La partida de Sanidad está marcada por la mala gestión del Partido Socialista Obrero Español, que ha generado una deuda de 16.000 millones de euros, poniendo en peligro el suministro de medicamentos y la sostenibilidad del sistema. Sólo en los dos últimos años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español incrementó la deuda en un 173%, y una sola comunidad tenía 700.000 facturas sin pagar. La reforma farmacéutica ha conseguido, en solo dos meses, que se hayan ahorrado más de 400 millones de euros.
Los presupuestos mantienen o aumentan las partidas para dependencia y atención a los ciudadanos más vulnerables. Ocho de cada diez euros del presupuesto del Ministerio está dedicado a las personas mayores y a la atención a la dependencia. Más de 125 millones están destinados a las organizaciones sociales que ayudan a los ciudadanos más vulnerables. Todos los programas dedicados a mejorar la seguridad, protección y atención a las víctimas de la violencia de género se mantienen o incrementan.
El gasto social total representa un 63,6% de los presupuestos. En un contexto de ajustes presupuestarios significativos, la voluntad del Gobierno sigue siendo dar prioridad al gasto social.
El Gobierno y las CCAA han lanzado un mensaje de unidad a Europa, fundamental para recuperar la confianza. Todas las CCAA comparten el objetivo prioritario de apoyarse para volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo, con medidas que permitan aumentar la competitividad y asegurar la financiación de las políticas sociales. Con este compromiso unánime que firmó la Conferencia de Presidentes, España ha lanzado un mensaje firme a Europa: todos estamos a una contra la crisis económica. Las CCAA son parte de la solución para superar la crisis económica, que debe buscarse desde un clima de colaboración y lealtad institucionales.
El Parlamento catalán ha aprobado esta resolución: "El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al gobierno catalán a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura". Votan a favor CiU y ERC y 1 diputado del Partido Socialista de Cataluña (Ernest Maragall), se abstiene Partido Socialista de Cataluña, votan en contra Partico Popular y Ciudadanos y no ejerce el voto el vicepresidente de la mesa del Partido Socialista de Cataluña relevado Higini Clotas. Tanto el Partido Popular como el Gobierno rechazan dicha consulta popular: No es conforme a la Constitución. consulta afecta al conjunto del pueblo español y habría que preguntar a todos y cada uno de los españoles. Existen instrumentos jurídicos e institucionales suficientes para impedir un referéndum que busque la separación de España y debemos recordar que la ley de Referéndum que aprobó el tripartito cuando estaba al frente de la Generalitat, está recurrida en el TC y suspendida cautelarmente. El Gobierno podría recurrir la consulta ante el Tribunal Constitucional, que sería suspendida automáticamente en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. La obligación de los gobernantes es cumplir y hacer cumplir la ley. Cualquier gobernante que se salte las leyes es un mal ejemplo para el resto de los ciudadanos.
En estos momentos, es más necesaria que nunca la responsabilidad política y sumar esfuerzos para la recuperación económica y la creación de empleo. Cualquier intento de desestabilización, es una grave irresponsabilidad que perjudicará la economía de Cataluña y del conjunto de España.
El Gobierno de Cataluña quiere la “autodeterminación catalana” con el dinero de todos los españoles.