España mirando a la Frontera Sur: Del Mediterráneo al Sahel

Análisis Estudio Real Instituto Elcano. Nos encontramos frente a unos análisis que merecen ser discutidos, contribuyendo de esa forma, como se reclama, a elaborar una estrategia adecuada para intentar sortear las dificultades de los riesgos estimados a partir de las aportaciones que se van conformando conjuntamente

Hace cuatro años, el Real Instituto Elcano observó que se acumulaban en el Sur peninsular riesgos de diversa naturaleza que podían afectar a los intereses españoles de seguridad: entre otros varios, se mencionaban las migraciones irregulares, los movimientos terroristas y las reivindicaciones territoriales.

La atención estratégica española consideró necesario prestar más atención a estos peligros y puso en marcha un proyecto de investigación para analizarlos al alza. España mirando al Sur: del Mediterráneo al Sahel fue el informe consiguiente que, con finalidad divulgativa, se publicó en noviembre de 2014 sobre los resultados de esa investigación, tratando con ello de acercar la mirada española a los riesgos y oportunidades que provenían de su frontera Sur.

Los análisis y conclusiones de este informe fueron contrastados en el marco de un Grupo de Trabajo que contaba con la participación de responsables de Ministerios y Agencias, entre ellos Presidencia del Gobierno, Defensa, Asuntos Exteriores y Cooperación, Interior, CNI, CIFAS, CNCA y los Estados Mayores de la Defensa, de la Armada y del Ejército de Tierra.

Tanto las conclusiones como las recomendaciones contaban, pues, con el aval no solo del prestigioso Instituto sino con el de los responsables cualificados de la Administración del Estado, reunidos tanto de forma genérica, en plenario, como de manera específica con cada organismo responsable.

En general, los Informes Elcano son fruto de la reflexión de amplios grupos de trabajo formados por especialistas que representan a diferentes ámbitos y visiones de la sociedad, y tienen como objetivo aportar propuestas concretas a temas relevantes para la política exterior española. Son aproximaciones, estudios inconclusos, como corresponden a un think–tank que analiza el mundo desde una perspectiva española, europea y global.

Requieren, por tanto, de posteriores concreciones, con las que se van perfilando las estrategias y definiendo los diagnósticos con un conocimiento más amplio, todo ello con el fin de conocer los problemas con exactitud, superando el escollo de exagerar o subestimar su trascendencia. De manera que suponen, en definitiva, la necesidad posterior de profundizar en la comprensión de los factores que están detrás de estos riesgos.

Nos encontramos, pues, frente a unos análisis que merecen ser discutidos, contribuyendo de esa forma, como se reclama, a elaborar una estrategia adecuada para intentar sortear las dificultades de los riesgos estimados a partir de las aportaciones que se van conformando conjuntamente.

Desde esta perspectiva, la publicación que en este artículo comentamos identifica tres escenarios preocupantes para España: la desestabilización de países como Marruecos y Argelia, la sostenibilidad de Ceuta y Melilla y el desaprovechamiento de las oportunidades económicas que se abren en África.

Ceuta y Melilla

En lo que a nosotros nos atañe, resalta esta investigación al estimar que Ceuta y Melilla representan un escenario de preocupación y, sobre todo, que lo haga reflexionando que esta preocupación no lo es tanto por los fenómenos ligados a la inmigración irregular o a las reivindicaciones territoriales de Marruecos, sino por la sostenibilidad demográfica, económica e identitaria que estos territorios españoles plantean a medio plazo.

Efectivamente, en la publicación se reconoce que España continúa contando con los mismos argumentos políticos y jurídicos para su defensa como territorios españoles frente a las periódicas reivindicaciones de Marruecos, pero plantea que son sus instrumentos económicos y sociales los que se están deteriorando y esta perspectiva pone en guardia sobre su difícil sostenibilidad.

La elevada presión demográfica y los procesos de “marroquinización” y “desespañolización” son el principal problema, porque alteran el equilibrio político y social de la población que reside en las dos ciudades. Argumenta que esta “marroquinización” étnica es consecuencia del incremento de las tasas de nupcialidad y natalidad, ya que Ceuta y Melilla tienen las tasas de nupcialidad más altas de España y son muy escasos los matrimonios mixtos que se registran.

Según el Informe, este cambio demográfico presenta varios riesgos. En primer lugar, el de un conflicto social, ya que la estructura económica de las dos ciudades no permite integrar en condiciones aceptables este aumento de la población y el resultado previsible es que se produzcan tasas de paro muy altas. Una buena parte de la población musulmana tiene menores porcentajes de actividad y de ocupación, reside en peores viviendas y barrios en peor estado, y sufre un mayor fracaso escolar que se refleja en las estadísticas educativas como un fracaso general de ambas ciudades.

Argumenta que a corto plazo parece descartado que la población de origen marroquí favorezca mayoritariamente la demanda de Marruecos respecto a la soberanía sobre las ciudades, tanto por las mayores prestaciones sociales que reciben de España como por el limitado peso político con el que cuentan hasta el momento. A mayor plazo esa previsión podría variar porque progresivamente se incrementará el peso político de las –hasta ahora– minorías, pasando de estar en condiciones de obtener concesiones de los partidos mayoritarios a desplazar a esos partidos y estar en condiciones de reforzar las señas de identidad musulmanas, bereberes o marroquíes, provocando una tensión centro-periferia semejante a la que existe entre el Gobierno de España y varias CCAA, con la importante diferencia de que esas señas de identidad son compartidas en este caso con el país vecino que, además, reclama su soberanía.

En resumen, concluye, el crecimiento de población de Ceuta y Melilla es una amenaza a su estabilidad social y política porque no se sostiene sobre un crecimiento económico paralelo y su consecuencia es una degradación media de las condiciones de vida. En perspectiva, la situación es más preocupante en Melilla por su mayor crecimiento demográfico y su mayor dependencia económica del “comercio irregular” con Marruecos –a su vez muy vulnerable –, sin que otras actividades económicas parezcan vislumbrarse en un futuro cercano. La fuerte diferencia social entre la población hispana –que será pronto minoritaria en Melilla y más tarde en Ceuta – y la musulmana puede provocar conflictos de tipo étnico y religioso que ya se están expresando electoralmente. Por otra parte, una política destinada a reducir esa brecha social con mayores ayudas a las comunidades musulmanas puede convertirse en un potenciador de la atracción de la población marroquí hacia las ciudades y, por tanto realimentar el problema.

Termina diagnosticando que los problemas identificados son de carácter estructural, por lo que se pueden retrasar sus efectos pero no evitarlos. A partir de aquí, su primera recomendación era que se estudiase la situación desde todos los ángulos para habilitar una estrategia de intervención. En la propia publicación se señalan algunos estudios imprescindibles, como la evaluación de un eventual ingreso en la Unión Aduanera, el impacto de un eventual cierre de fronteras o la cuantificación de las comunidades. Son estudios necesarios, termina diciendo, para tomar conciencia de las vulnerabilidades de la posición española y medir la capacidad de Marruecos para influir en ellas. A partir de estos estudios se debería articular la estrategia de intervención necesaria para ralentizar el proceso de deterioro o reaccionar ante sus desafíos.

Hasta donde alcanza mi información ninguno de estos estudios se han abordado y supongo que es cuestión principal el que exista poca capacidad en la Ciudad para acometerlos. Hace unos días (3 de febrero de 2018), respecto al estudio sobre la integración en la Unión Aduanera, el PSOE pedía a los presidentes de Ceuta y Melilla que lideraran un grupo para investigarlo. Pocos días más tarde (14 de febrero de 2018), una diputada del Grupo Socialista solicitaba en el Congreso la elaboración de un informe a “los organismos técnicos competentes” (sic) sobre las consecuencias que tendría para la ciudad su integración en este espacio de libre comercio. Una petición aislada de esas que en “Madrid” escaso recorrido se les suele conceder. Puede con ello, si el destino no lo remedia, convertirse en una anécdota que refleje como funcionan las cosas importantes en Ceuta. Pero lo cierto es, también, que pone en evidencia la falta de capacidad en nuestra ciudad para emprender este tipo de tareas y la necesidad consiguiente de recibir ayuda exterior.

El único organismo que en Ceuta podía haber iniciado o incentivado este tipo de investigaciones era el Consejo Económico y Social, que fue suprimido en el año 2013 por el Gobierno de la Ciudad como una medida para abaratar costes como consecuencia de la crisis económica, sin que se sepa actualmente quién en la Administración ceutí continúa elaborando las importantes memorias económicas y las series estadísticas que el Consejo había comenzado a aportar.

Es difícil concebir quién posee la capacidad suficiente en la ciudad para analizar estos problemas. Los Colegios Profesionales atienden las específicas y puntuales cuestiones de las profesiones a las que defienden; no existen centros públicos de investigación en la Administración de la Ciudad autónoma; ni tampoco partidas presupuestarias para encargarlos fuera. Por otro lado, el Instituto de Estudios Ceutíes, aparte de no ser una organización creada para estos fines, carece de medios suficientes y sus miembros realizan generosamente sus aportaciones a título privado. La Ciudad viene utilizándolo últimamente para encauzar temas problemáticos en los que se diluyen responsabilidades, como han sido la conmemoración de la conquista de Ceuta por los portugueses o la presentación para información pública de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Gestiona, por otra parte, ayudas anuales a la investigación cuya finalidad es fomentar proyectos que versen sobre el estudio y recopilación de nuevos datos sobre la realidad ceutí y de su entorno. Pero eso tampoco alcanza a temas tan trascendentes como el futuro de la ciudad.

¿Quién queda, pues, para hacerlo? Se supone que “organismos técnicos competentes”, como eufemísticamente alude la diputada socialista Mar Rominguera en su petición al Congreso. Pero eso requiere un planificado esfuerzo de relaciones intergubernamentales, y si los partidos políticos no son capaces de acordarlo entre ellos en la propia Ceuta, será difícil que convenzan a otras organizaciones gubernamentales. En todo caso, estos estudios requieren no solo la participación de buenos expertos en la materia, sino el examen conjunto e imprescindible con quienes conocen bien la realidad de estas ciudades.