¿España federal?

Una de las ideas obsesivas del nuevo secretario general del PSOE es la de  reformar la vigente Constitución, para  transformar España en un Estado federal, en un intento de apaciguar al soberanismo catalán.

De paso, además, Pedro Sánchez pretende introducir una serie de postulados ideológicos propios de la izquierda para convertirlos en intocables. A tal fin, no cesa de hablar de un consenso que pienso muy complicado, porque si la Constitución de 1978 ha perdurado, ello se ha debido precisamente al hecho de que, al redactarla, todos supieron ceder algo en sus posturas, con el fin de lograr que fuera perdurable. No se puede pedir un consenso partiendo de ideas inflexibles que otros están muy lejos de compartir.
Pero es que, por añadidura, Sánchez parece desconocer cómo se fue desenvolviendo la cuestión de las comunidades autónomas, partiendo del tratamiento que a las mismas se  da en el siempre discutido Titulo VIII de la vigente Constitución, según el cual la organización del Estado en comunidades autónomas no es obligatoria, sino potestativa. El artículo 143 lo dice claramente, al indicar que  territorios y provincias “podrán” constituirse en tales comunidades. Por otro lado, dicho Título prevé dos tipos de comunidades, el de las históricas (vía especial), en el cual, desde un primer momento, existirían Asambleas legislativas y Tribunales Superiores de Justicia (artículo 151), y el de la conocida como “vía lenta” (artículo 148), que se iniciaba con estatutos con menores competencias, más o menos similares a los que hoy tienen Ceuta y Melilla, potencialmente ampliables  transcurridos cinco años.
Quienes tanto han hablado de la “memoria histórica” parecen haber olvidado lo sucedido hace bastante menos tiempo, tras la aprobación de los estatutos de vía especial, los de las llamadas “nacionalidades históricas” (Cataluña, País Vasco y Galicia). Entonces correspondió el turno a Andalucía, a la que el Gobierno de UCD pretendió aplicar la “vía lenta”. Fue en ese instante cuando surgió un movimiento de resistencia a ello, encabezado por el Gobierno preautonómico andaluz que presidía el socialista Rafael Escuredo, pero a cuya postura se unió la del entonces ministro de Cultura –y anteriormente de las Regiones– Manuel Clavero, creador de la doctrina del “café para todos”, quien no estaba dispuesto a que su Andalucía natal fuese menos que las antes citadas “nacionalidades históricas”, hasta tal punto de que dejó el Ministerio y abandonó UCD, pasando al grupo  Mixto. El día 28 de febrero de 1980 tuvo lugar un referéndum en las ocho provincias andaluzas, siete de las cuales rebasaron el 50% de votos favorables a tener un Estatuto de vía especial, aunque en Almería no se alcanzó tal porcentaje, lo que, desde un punto de vista legal, hacía inviable la idea de lograr el Estatuto de nacionalidad, pero fue tal el ambiente creado que, en definitiva, tras una modificación legislativa, Andalucía accedió al tipo de Estatuto máximo.
Llegaron después los demás estatutos, que, por exigencia de los territorios afectados,  fueron  redactados y aprobados incluyendo las competencias previstas en el articulo 151, abandonándose la vía lenta, a la cual únicamente se asemejan los Estatutos de Ceuta y de Melilla. Tal es la realidad actual, hasta el punto de que el propio Tribunal Constitucional, obviando el texto del artículo 148, ha llegado a sentenciar –precisamente al tratar sobre el Estatuto de esta Ciudad– que son signos esenciales de una comunidad autónoma la existencia de Asamblea legislativa (que equivale a la competencia para dictar leyes) y de Tribunal Superior de Justicia, cuando, en realidad, la Asamblea legislativa y el Tribunal Superior solamente estaban previstos ab inicio para las “nacionalidades históricas”.
Ahora, cuando el secretario general del PSOE insiste en lo de la España Federal, ya han saltado los dirigentes de numerosas comunidades para decir que cuanto se le pudiera conceder a Cataluña se le tiene que otorgar también a sus respectivos territorios.  Se repite así lo ocurrido en los años 80 del pasado siglo, algo que determinadas personas parecen desconocer o haber olvidado. Todos acaban pidiéndolo todo, sin admitir que otros gocen de superiores condiciones. Por eso, si tenemos en cuenta esos antecedentes, resulta obvio deducir que cualquier modificación constitucional que supusiese una diferencia a favor de determinada comunidad estará  destinada indefectiblemente a producir una reacción contraria en cadena. Parece prácticamente imposible, como ya ha demostrado el pasado más inmediato, que pueda lograrse un consenso general en el cual, como en el caso de Rebelión en la granja, la famosa obra de Orwell, el artículo 1º de una presunta Constitución modificada venga a decir que “todos los federados son iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que los demás”.
Entre eso, y sabiendo además que los independentistas son insaciables, pues los hechos demuestran que jamás estarán satisfechos y siempre querrán más, porque su meta es separarse de España como sea y a pesar de lo que sea, parece que la propuesta de la España federal no llevará a ninguna parte, entre otras cosas porque, como decía un personaje de Benito Pérez Galdós, para federar no hay que usar tijeras, sino hilo y agujas Lo que ya está unido ya lo está, y no admite peligrosos experimentos.
El próximo domingo trataré sobre qué papel podría corresponder a Ceuta y a Melilla en una supuesta España Federal.