El Gobierno ha confirmado que envió a
Marruecos el informe de la Policía Nacional que sirvió para abrir en España la causa judicial contra Helena Maleno, la cual acabaría siendo archivada.
Así lo confirma la respuesta del Gobierno a Jon Inarritu, senador de Bildu, quien a partir de una pregunta parlamentaria solicitó información sobre un planteamiento que el anterior Ejecutivo había negado hasta en dos ocasiones: el envío a Marruecos, que ahora juzga a Maleno por "tráfico de personas", de informes realizados por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional sobre la activista de los Derechos Humanos, Helena Maleno. El Ejecutivo ha informado de que, en el marco del auxilio judicial internacional, a principios del año 2016 la UCRIF Central, en su condición de Policía Judicial (auxilio a Jueces y Fiscales), cumplimentó lo ordenado por una autoridad judicial nacional (el Juzgado de Instrucción número 38, de Madrid), quien, a su vez, recibió el correspondiente requerimiento de una autoridad judicial de Marruecos (Tribunal de Apelación de Tánger). Igualmente, a lo largo del citado año 2016, la UCRIF también remitió varios informes a las fiscalías de Extranjera y de la Audiencia Nacional, alguno ampliatorio al requerido por las autoridades judiciales anteriormente mencionadas.
La respuesta rectifica las anteriores versiones del Gobierno de Mariano Rajoy, que hasta en dos ocasiones aseguró "no tener constancia" de ello. "Ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Helena Maleno con nada, ni uno, ni cuatro", explicó en el Senado el que fuera responsable de la cartera de Interior, Juan Ignacio Zoido.
Helena Maleno espera ahora la decisión del Tribunal de Apelación de Tánger. Marruecos le juzga por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que han permitido salvar la vida de centenares de migrantes. La conocida activista ha solicitado en varias ocasiones que las autoridades españolas comunicaran a Marruecos la decisión de la Fiscalía de archivar el caso en España.