España elevará una queja a la ONU si Marruecos se atribuye aguas de Canarias

El Gobierno español ha garantizado a Canarias que elevará una queja ante Naciones Unidas si Marruecos se atribuye aguas del archipiélago en su decisión de delimitar sus fronteras marítimas en esta zona del Atlántico, según ha anunciado el presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres.

Torres ha trasladado este mensaje tras recibir en Las Palmas de Gran Canaria a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para conocer el contenido de la reunión que ayer, viernes, mantuvo con el Gobierno de Marruecos en Rabat sobre este mismo asunto.

González Laya ha abogado por mantener la "tranquilidad", toda vez que su homólogo marroquí, Naser Burita, le ha asegurado que "no habrá hechos consumados ni decisiones unilaterales", sino que Rabat quiere ejercer su derecho a delimitar sus aguas territoriales de acuerdo con las convenciones internacionales sobre el mar, de la misma manera que España lo hizo en su momento.

El presidente de Canarias ha subrayado que, por ahora, ni las leyes marroquíes sobre las fronteras marítimas se han aprobado de forma definitiva, ni "hay mapas trazados, ni límites claros", pero también ha reiterado que si Marruecos "toca un milímetro" de las aguas de las islas, España "frenará su recorrido" acudiendo a la ONU.

En declaraciones a los periodistas, González Laya ha garantizado a Torres que atenderá de maneras "específica" y con "transparencia" lo temas en los que Canarias tiene un interés fundamental.

La ministra ha aclarado que su visita a Marruecos estaba prevista antes de que Rabat iniciara el proceso legislativo sobre la delimitación de su zona marítima y ha precisado que ambos países han acordado aplicar la legislación en vigor, que establece que "cuando una zona marítima de un estado se solapa con la de otro, lo que se hace es simplemente llegar a un acuerdo, a un consenso, sobre cómo va a establecerse la delimitación".

"Aún no estamos ahí, no hay, de momento, un trazado por parte de Marruecos de su zona marítima, por lo que nosotros lo único que hemos hecho es establecer unos principios de funcionamiento de estas zonas marítimas de acuerdo con la legislación", ha aseverado.

Arancha González Laya ha subrayado que España "permanecerá vigilante para asegurarse" de que en este asunto "se respeta la letra y el espíritu de la normativa internacional, que es la base fundamental de trabajo entre dos países que forman parte del acuerdo internacional sobre el Derecho del Mar, como son Marruecos y España".

En la zona marítima que separa Canarias de Marruecos, Madrid y Rabat han respetado tradicionalmente una mediana imaginaria equidistante respecto de ambas costas, que funcionó incluso cuando los dos gobiernos autorizaron prospecciones petrolíferas en esa zona del Atlántico en 2014 y 2015, cada uno en su lado.

Sin embargo, se trata de una mediana aceptada de forma tácita, sin que se haya fijado de forma formal por ahora en ningún tratado. España sí ha iniciado ante la ONU el procedimiento para ampliar la plataforma continental de Canarias hacia el oeste y hacia el sur del archipiélago, desde las 200 hasta las 350 millas náuticas.

Las leyes que Marruecos ha aprobado de manera inicial en su Cámara de Representantes establecen las aguas territoriales del país (12 millas), delimitan su zona económica exclusiva (hasta 200 millas) y dan los primeros pasos para ampliar su plataforma continental a 350 millas, tomando como propias las aguas del Sahara Occidental.

Cuando se inició el debate de ambas leyes, el ministro Naser Burita reconoció ante la Cámara de Representantes que en ese proceso se podrían producir "solapamientos" con las aguas que España considera suyas en el entorno de Canarias.

Ayer, en Rabat, abogó en presencia de González Laya por el "diálogo" si esa circunstancia se produjera y por transformar por la vía del acuerdo "todo lo que pueda ser un problema en una ventaja". "No habrá hechos consumados ni decisiones unilaterales", dijo.

González Laya ha transmitido este sábado a Torres esas palabras del ministro marroquí, así como el compromiso del Gobierno de España de permanecer "vigilante" para que se respete la legalidad internacional.