Un procedimiento de estas características consiste en posibles infracciones del Estado Miembro de la Legislación UE, basándose en las propias investigaciones de ésta, o bien, a partir de las denuncias de los ciudadanos, las empresas y demás partes interesadas. El procedimiento se compone de varias fases a tenor del comportamiento del Estado Miembro. España tenía abiertos a dicha fecha, 93 incoaciones, de las cuales 61, se referían a Estabilidad Financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales, por transposiciones incorrectas y/o mala aplicación del Derecho de la UE. y 32, a temas medio ambientales por transposición tardía. Igualmente, España también ostenta el dudoso récord de ser el Estado Miembro que más multas viene sufriendo. Este Medio, ya ha publicado con anterioridad la noticia de esta misma índole en la que Ceuta se vio afectada, el pasado Septiembre, razón , que amerita la problemática existente además de oportunos comentarios respecto la larga lista de Incoaciones abiertas a España y sus “dudosas” primeras posiciones, sobre las que Cantabria se encuentra exenta. Como ya mencionamos, es más que probable una sanción millonaria para las CC.AA. infractoras, salvo alguna exoneración inesperada y negociada su “quita” a última hora, a cambio de algo, al estilo de Bruselas, donde “todo se negocia”.