Escurriendo el bulto

La principal divisa de un guardia civil es la lealtad a los gobiernos legalmente constituidos y cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan del Parlamento. Esa misma premisa la comparte la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Los guardias civiles de Ceuta conocen perfectamente las instrucciones y las normas cuando localizan a un inmigrante en las playas, las carreteras o en el perímetro fronterizo. Localizados los inmigrantes son informados de sus derechos y entregados al Cuerpo Nacional de Policía para la tramitación del oportuno expediente administrativo. En base a estas premisas, cualquier exceso o arbitrariedad de un agente de la Guardia Civil, independientemente del empleo, será exclusivamente del agente que se excede porque las instrucciones son claras y conocidas perfectamente.    
Hace unas semanas las formaciones políticas UPyD, IU y Equo han llevado al Congreso de los Diputados diversas preguntas parlamentarias por tener dudas sobre la legalidad de las devoluciones de inmigrantes  en la Ciudad Autónoma de Melilla. Formaciones políticas con unos asesores jurídicos muy preparados ponen en duda estas devoluciones y estas dudas las comparten diputados elegidos democráticamente por el pueblo español.
Los responsables de AUGC en Melilla, por requerimiento de los propios afiliados, han solicitado instrucciones escritas para poder realizar su trabajo con todas las garantías jurídicas para cumplir con rigor  y no vulnerar por falta de conocimiento los derechos de  los inmigrantes. Sin embargo, esta petición de instrucciones y órdenes escritas han caído en saco roto por parte de los responsables de la Comandancia y del señor delegado del Gobierno.  
Desconocemos cuáles son las razones que impiden a estas personas  informar a los guardias civiles de lo que deben hacer si localizan un inmigrante en la playa, en la ciudad o en el perímetro. ¿Tan difícil es decir “según la ley se hace esto”? El silencio no beneficia a nadie y llevan a los guardias civiles a sufrir un estado de ansiedad que hace mas difícil nuestro trabajo, porque no se sienten jurídicamente respaldados. Éstas son las razones que nos han hecho recurrir a la denuncia publica y a las mas altas esferas del Estado, porque queremos cumplir, no incumplir leyes ni normas que pueden vulnerar derechos de personas.
Diputados de varios grupos parlamentarios dudan de la legalidad de estas actuaciones, porque si no dudaran no harían las preguntas, pero los guardias civiles debemos saber sin mas argumentaciones que debemos hacer, según el delegado del Gobierno. Si preguntamos escurren el bulto y no nos contestan y si le preguntan al máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Ciudad, da una respuesta carente de contenido para resolver las dudas a los guardias civiles que tienen que prevenir la inmigración en primera linea.
¿Por qué en Ceuta saben los guardias civiles qué deben hacer y por qué no en Melilla? Se está haciendo mal en Ceuta o en Melilla o se esta haciendo bien en las dos ciudades hermanas. Eso lo deben decir quien tiene la responsabilidad jurídica, política y moral de resolver las dudas de los guardias civiles y de los ciudadanos. El Parlamento contestará a estos grupos políticos y sabremos por ellos, no por nuestros jefes directos, qué debemos hacer. Y si lo hemos hecho mal, quién será el responsable.
Un caso más complicado es la denuncia sobre presunta devolución de dos menores tutelados por las autoridades melillenses y que “un teniente presuntamente ha devuelto a Marruecos”.  Desde AUGC no estamos dispuestos a silenciar la vulneración de derechos a ningún ciudadano y, mucho menos, si estos ciudadanos son menores y gozan de la tutela y protección de la Fiscalía de Menores. No podemos silenciar ni abstraernos de estas cuestiones por dos razones fundamentales: la primera porque de ser cierto estaríamos hablando de la comisión de un delito que la Guardia Civil como Institución, los guardias civiles como funcionarios públicos y las asociaciones profesionales, como organizaciones que  implicadas ideológicamente en la defensa de la legalidad, tenemos la obligación de denunciar y personarnos ante estos abusos inmorales e innecesarios de  atribuciones que nos corresponden como funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la segunda, porque de ser incierto tendríamos que ejercer las acciones oportunas para que los responsables de estas acusaciones respondan de las mismas.
De esta ultima cuestión, esperamos que desde la Fiscalía se realicen cuantas diligencias e investigaciones se consideren necesarias y, lo esperamos, porque desde las Instituciones del Estado debemos esforzarnos para que nadie esté por encima de la ley y, con estas investigaciones, garantizamos el prestigio y la confianza que los ciudadanos deben tener en el Poder Judicial y en las Instituciones del Estado.