La escolarización de “todos los niños” de Ceuta, a debate en el Congreso

Cuando, a 2 de julio, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) todavía no ha tenido acceso ni siquiera al desglose por edades de los aproximadamente mil niños y adolescentes marroquíes que continúan en la ciudad tras la avalancha de mediados de mayo y no existe ningún horizonte certero para su reagrupación familiar en Marruecos, que se presume imposible, o su traslado a la Península, que se augura difícil aunque sólo sea en parte, el Grupo Republicano va a llevar a la Comisión de Derechos de la Infancia del Congreso una Proposición No de Ley instando al Gobierno a “la escolarización inmediata de todos los niños y niñas de Ceuta y Melilla”.

La iniciativa señala que el único requisito para hacerlo debe ser que se trate de niños o niñas “con residencia efectiva en las dos ciudades, independientemente de la situación administrativa de sus progenitores, cumpliendo lo recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”.

A diferencia de la ciudad hermana, en Ceuta el curso pasado se cerró sin solicitudes de escolarización de menores residentes en la ciudad pendientes de resolver o de tramitar después de que las que permanecían en un limbo fuesen gestionadas poco después de la llegada de Yolanda Rodríguez.

La iniciativa suscrita por Gabriel Rufián también reclama “que se facilite y se adapte el procedimiento para garantizar que ningún niño o niña con residencia efectiva quede sin matricularse en la escuela y sin escolarización en Ceuta y Melilla” y “garantizar que la residencia efectiva de los niños y niñas en la ciudad autónoma es el único requisito para la escolarización, reformando la Orden ECD/724/2015 de manera que se pueda probar esta residencia efectiva de manera flexible de acuerdo con las situación real de las familias que residen y de acuerdo al interés superior del menor”.

El derecho a la Educación está recogido en el artículo 27 de la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Implica, según recuerda el Grupo Republicano, “la obligación del Estado español de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español, garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias”.

La Fiscalía ya ha advertido a todas las partes implicadas en el mismo sentido. “No sé cómo se hará, pero los niños tienen que estar escolarizados”, aludió a los recién llegados el responsable de Menores en el Ministerio Público, José Luis Puerta, a finales de junio en una entrevista con ‘El País’.

La obligación de dar atención educativa no tiene que traducirse de forma inmediata en su incorporación a aulas ordinarias y puede comenzar con un programa de inmersión lingüística, pero aún no se ha dado ningún paso.