Escalada de tensión en las naves tras los cambios en el operativo policial

La UIP se ciñó a mantener el orden público y a patrullar en furgones hasta las 10:00. La ausencia de controles de la Policía Nacional dejó vía libre a los porteadores. El dispositivo generó un gasto para las arcas públicas de 20 millones desde 2006.

El mutismo en torno a la reunión que Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil y la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal mantuvieron el viernes hacía presagiar que ayer, cuando se reanudaba la actividad en el puente del Biutz después del fin de semana, habría una reestructuración en el operativo que garantiza la seguridad en el recinto.
La falta de acuerdo entre la Administración General del Estado y los dueños de las naves sobre la contratación de vigilancia privada se materializó en la introducción de cambios en el dispositivo de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional (UIP). Reflejo de las conclusiones del encuentro en el Gobierno de la Plaza de los Reyes fue que las calles de los polígonos amanecieron ayer sin los rutinarios filtros de la Policía Nacional, los cuales se encargan de restringir el acceso; ejercen de válvula que filtra el torrente de personas en pequeños grupos y ordenan las filas de porteadores.
Los agentes, a bordo de los furgones antidisturbios, patrullaban por el interior del recinto ante centenares de camalos atónitos que pasaron la noche dentro de los polígonos y en los alrededores. En ningún caso supuso una dejación de funciones por parte del Cuerpo Nacional, precisaron fuentes fidedignas, sino que los agentes se ciñeron a cumplir con su cometido que no es otro que mantener el orden público.
La ausencia de controles propició que los porteadores tuvieran vía libre para llegar hasta las calles aledañas al paso de mercancías, donde se encuentran las presuntas consignas ilegales cuyos bultos de dudosa procedencia arrojaban ayer un beneficio de 50 euros por unidad.
Las estampidas y avalanchas de porteadores estallaron antes de las 8:00 en un intento desesperado por ser los primeros en cruzar cargando un fardo de productos a Marruecos. Los polígonos se sumieron en el caos y el paso dedicado al comercio atípico quedó cerrado. Tanto el último tramo de la Fase II como la calle del muro o del río estuvieron atestadas de personas, hasta el punto de que los hombres se amontonaban sobre los bultos rivalizando en altura con el propio furgón policial que bloqueaba los metros previos.
Sobre las 8:30, la normalidad se restableció en la fila femenina. Sin embargo, el desorden imperaba en la parte por la que circulan los hombres ante el desmantelamiento de los controles: cientos de personas peleaban por un puesto mientras preparaban y cogían bultos inundando el vial.
Esta misma hilera de almacenes que guardan bultos ajenos a los negocios legalmente establecidos fue un auténtico campo de batalla hasta que, sobre las 10:00, entró la UIP porque la situación era insostenible y podía ocurrir cualquier desgracia. Los policías nacionales desalojaron a la muchedumbre descontrolada, primero con cargas y luego salieron por su propio pie al comprobar que estaban obligados a formar de nuevo las colas entre La Chimenea y Alborán.
Aunque el Gobierno de la Plaza de los Reyes y los empresarios sellaron un pacto de silencio sobre el contenido del encuentro, la contratación de un servicio privado de seguridad a cargo de la Comunidad de Propietarios fue la cuestión que monopolizó las conversaciones de la semana pasada. De sobra son conocidas las diferencias entre la Administración del Estado y los dueños de las naves al respecto y, en esta ocasión, sus posturas volvieron a estar polarizadas.
Los representantes gubernamentales instaron a los comerciantes a sufragar la vigilancia privada apelando a que son polígonos privados y a la Ley de Seguridad Privada, según pudo conocer este periódico; mientras que los convocados aseguraron que carecen de recursos económicos suficientes y esgrimieron que dentro del recinto existe un paso internacional de mercancías ya que los polígonos colindan con el perímetro y la frontera del Tarajal. Desde que Seguriber abandonó el servicio, la situación ha degenerado hasta el caos que impera en la actualidad.
Ante este incumplimiento por parte de los comerciantes, la UIP presta servicio en el Tarajal desde 2006, lo cual generó un gasto para las arcas públicas que asciende a 20 millones de euros.