La torre de siete plantas levantada en el barrio del Príncipe Alfonso se divisa desde la carretera del perímetro fronterizo. Se ha convertido en un símbolo de la ilegalidad que sorprendentemente sigue en pie aunque ya hace tres años que la Policía Local, a través del GOA, denunció la ejecución de esas obras. Desde 2015 las trabas no han hecho más que aparecer en el camino, a pesar de que el Gobierno lleva ese mismo tiempo repitiendo el mensaje: la intención es derribarla.
Ahora se conoce un nuevo revés a un derribo en torno al cual
ya se habían dado plazos. Se ha detectado un error formal en el expediente ya que el número de parcela sobre la que se sitúa esta obra ilegal está mal reseñado en el expediente que hay en Fomento. Es un “error formal”, indica la Ciudad, pero que obligará a retrotraerse hasta el momento en que se cometió ese error. Algo que afecta directamente a los tiempos y que llevará a un retraso de unos seis meses. Así que la famosa torre seguirá divisándose desde la frontera estas Navidades y permanecerá en pie hasta las elecciones.
El “error formal” detectado no afecta a la orden judicial ya dada para que se ejecute ese derribo. No obstante los trabajos en la edificación continúan, habiéndose colocado ventanas y existiendo un movimiento de personas en su interior.
Todo lo que tiene que ver con esta clara afrenta contra la disciplina urbanística se ha enmarañado según han ido cumpliéndose los plazos. La Ciudad llegó a encomendar por 300.000 euros a Tragsa el derribo y a comprometerse a que esas actuaciones iban a contar con protección de la Policía, pero el hecho es que las pretendidas labores
se han ralentizado sin que los plazos se hayan cumplido.
El Juzgado llegó a ordenar la adopción de medidas cautelares pero, de forma incongruente, no han ejecutado. La obra se precintó pero esos precintos se retiraron y volvían a continuar los trabajos hasta convertir el inmueble en un particular rascacielos.
Ya se han cumplido los meses marcados por el juzgado para comenzar las labores de demolición, que no se han llevado a cabo a pesar de las continuas inspecciones del GOA para verificar, entre otros puntos, si había o no personas ya viviendo en su interior.
Ahora todo este trabajo queda sin sentido al detectarse, pasado todo este tiempo, ese error que llevará a realizar, de nuevo, todos los trabajos administrativos que se habían llevado a cabo. Y la torre sigue mostrando su oda a la ilegalidad sin miramientos.
Es “una aberración urbanística”, dijo el Gobierno antes del verano
En junio de este año, al término de un Consejo de Gobierno, el propio portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, avanzaba que el derribo de la torre del Príncipe sería inmediato porque, aseveró, “es una aberración urbanística”. Ahora se sabe que eso no podrá llevarse a cabo, al menos con la inmediatez anunciada. El problema es que cuando la Policía apuntó a que se estaba haciendo una obra, estaba en sus inicios. Ahora hay una torre con lo que su derribo debe hacerse en un tiempo marcado, poco a poco, con medidas de seguridad que garanticen que las viviendas cercanas no sufren daños y que no hay peligro para otros vecinos de la barriada.
El ilegal juego del ‘gato y el ratón’
El área de Fomento está ejecutando un derribo cada dos meses en los últimos dos años, según explican fuentes de la Ciudad. Un ritmo que se pone en escena en ese particular juego ilegal del ‘gato y el ratón’. Y es que esa respuesta oficial no casa con la celeridad de las actuaciones de quienes se mueven al margen de la legalidad y hay barriadas completamente desfiguradas por las construcciones ilegales.
En el extrarradio y en pleno centro. El barrio del Recinto es un claro ejemplo, pero también viviendas de la calle Sevilla o Canalejas donde a plena luz del día se levantan nuevas habitaciones adosadas a las casas ya existentes. Se denuncian en Fomento pero la respuesta no tiene la celeridad debida ya que la obra continúa sin que haya un bloqueo a la misma.
En Fomento siguen trámites que tienen que ser definidos al detalle para evitar que luego haya sorpresas judiciales. La Ciudad anunció que iba a poner en marcha un equipo dedicado en exclusiva a estos menesteres al objeto de acelerar todos los trámites pero la realidad es bien distinta y la construcción de obras al margen de la ley va mucho más rápido que la respuesta de la propia administración.
El problema es que hay barriadas ya desconocidas en las que, sobre el plano, nada tiene que ver con lo que hay en la actualidad.