El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Ceuta, Javier Casas, criticó ayer los “enormes retrasos” que está acumulando el Área de Trabajo de la Delegación del Gobierno, de la que depende la Oficina de Extranjería, en la tramitación de los permisos de trabajo para transfronterizos. “El problema está en que no hay personal y en que no ha habido previsión y planificación, sino improvisación”, lamentó Casas.
Según explicó ayer a El Faro, “antes del cierre de la frontera el mismo día en que se presentaba una solicitud se admitía a trámite y se abonaban las tasas y la resolución llegaba en un plazo de entre dos y tres semanas”. Actualmente, sin embargo, todo parece “paralizado” y sin perspectivas de aceleración ante el inicio del periodo tradicional de vacaciones de los empleados públicos.
Fuentes de la institución de la plaza de los Reyes aseguraron a este periódico que la Oficina de Extranjería ya cuenta con “refuerzos” para la tramitación de los expedientes de trabajadores transfronterizos, aunque no supieron concretar en qué plazo medio se están resolviendo actualmente tras evacuar las preceptivas consultas al SEPE, Justicia, la Policía o Hacienda, entre otros departamentos.
Hasta el 24 de junio, casi dos meses después de la reapertura de la frontera del Tarajal para el tránsito de transfronterizos, solamente 166 habían conseguido regularizar su situación, un 75% por la vía de la actualización y el resto empezando de nuevo desde cero.
Esa cifra no llega a suponer ni un 10% del volumen de transfronterizos que trabajaban regularmente en Ceuta cuando se cerró la frontera por la pandemia, en marzo de 2020. Entonces estaban de alta en ese régimen 2.405 trabajadores, la inmensa mayoría (2.109) empleadas de hogar, pero también 280 profesionales de otros sectores (pintores, fontaneros, albañiles...) y 16 autónomos.
Actualmente existen varios procedimientos para contar con un permiso de trabajo de ese tipo en Ceuta en función si el contratado la seguía teniendo en vigor (con menos papeleo) o había caducado antes o durante el cierre del Tarajal.
La Delegación del Gobierno sí ha confirmado que los cien trabajadores que permanecieron en la ciudad durante los más de dos años que permaneció cerrada la frontera y presentaron solicitudes de arraigo para optar a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales deberán renunciar a ellas para poder continuar como con sus empleos en Ceuta como transfronterizos.
“Deben optar o por transfronterizos, que implica que resides en Marruecos, o por arraigo, que supone que llevas residiendo en España al menos dos años, ya que ambas solicitudes son incompatibles”, indicaron desde la Administración General del Estado.
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