Engaño al pueblo de Cataluña

Posiblemente, algunos lectores piensen  que soy demasiado “machacón” con el mismo tema de Cataluña. Y quizá lleven razón, por lo que presento mis disculpas. Pero es que el problema en el que a todos nos han metido Artur Mas, Oriol Junquera y el resto independentistas que en el Parlamento catalán han aprobado la “declaración de soberanía” de Cataluña, lo considero más grave de lo que a simple vista parece. Y, además, es todo un engaño al pueblo de Cataluña. Y es por ello que uno, en conciencia, se cree con la obligación moral de exponerlo modestamente, con el debido respeto hacia lo que puedan pensar los demás. Y se cree que el problema es grave, por una serie de razonamientos jurídicos que en adelante expondré, a la luz de la declaración aprobada que, entre otras cosas, dice: “Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo catalán. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano…”.
Se auto otorga el Parlamento catalán el carácter de “sujeto político y jurídico soberano”. Y eso, se quiera o no, es una “declaración de soberanía” que no podía hacerlo dicho Parlamento, por carecer de competencia y de legitimidad política y jurídica para otorgársela a sí mismo. Veamos lo que se entiende por “sujeto político” y   ”sujeto jurídico”, empezando por el último. “Sujeto jurídico”, en Derecho, es toda persona, física o jurídica, a la que el ordenamiento jurídico reconoce la titularidad de derechos y obligaciones, a la vez que plena capacidad de obrar en cuanto al ejercicio del contenido de dicha titularidad. Es decir, visto sólo así, la declaración no tendría mayor importancia, porque cualquier Autonomía goza, “per se” (por sí misma) de autonomía propia y capacidad de obrar en cuanto a sus derechos y obligaciones que las competencias de su Estatuto le confiera. Pero el problema surge en cuanto se añade a ambos términos (sujeto político y sujeto jurídico) la expresión “soberano”, porque, tratándose de un territorio, un sujeto político o jurídico con soberanía, es ya un sujeto Estado, que, como tal, sería plenamente capaz de desplegar plenos derechos y obligaciones en el ámbito no sólo nacional del propio Estado, sino también en el campo internacional respecto de los demás Estados soberanos. Ahí está el verdadero problema y el engaño que encierra.  Así, pues, se está engañando, por un lado, al resto de España y, más todavía, al pueblo de Cataluña, dado que esa “soberanía” que el Parlamento catalán se atribuye, es nula de pleno derecho, al carecer de competencias para ello. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Constitución Española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Y el artículo 2,  determina: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Así, pues, declarar tan solemnemente que el Parlamento catalán se otorga a sí mismo “soberanía”,  es estar ayuno en Derecho común, en Derecho político y en Derecho Constitucional, salvo que se quiera encubrir engañosamente esa figura; porque es de todo punto inviable, por carecer Cataluña de competencias en tal sentido.
Se dice en la declaración que el pueblo catalán tiene el derecho a “decidir”. Y aquí lo que hace dicho Parlamento es disfrazar el verdadero derecho que quiere atribuirse de ”autodetermianción”, que en una Comunidad Autónoma no existe para que la misma pueda alterar unilateralmente la integridad territorial del Estado, de eso que ellos llaman “derecho a decidir”, que tampoco existe en el campo que pretenden. Es engañar, una y mil veces, mediante el juego de recurrir a la mentira y de utilizar ambigüedades y términos aparentemente inofensivos, por si así cuelan. Las Resolución de las Naciones Unidas 1514(XV), bien claro que lo expresa, al disponer en su número 6: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Y la misma disposición se reproduce, casi idéntica, en la Resolución 2625 de dicho Organismo Internacional. O sea, una vez más, se está vendiendo al pueblo catalán como un derecho, no sólo lo que no existe como tal, sino que, pretenderlo, además de inconstitucional e ilegal, puede dar lugar a la imputación del delito de sedición y otros.
Se vuelve a engañar al pueblo catalán, cuando se le dice en la declaración que “se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea”. Y aquí, es el artículo 4 del Tratado de la misma Unión Europea el que preceptúa como uno de los principios de la misma  es “respetar y garantizar, principalmente, la integridad territorial de los países miembros”, como no podía ser de otra forma, en armonía con los principios ya examinados de la Carta de las Naciones Unidas. Y también se le oculta al pueblo catalán (y con ello se le vuelve a engañar)) que la normativa comunitaria prevé que cualquier país que quiera adherirse a dicha Organización, necesariamente ha de pedir el ingreso en la misma. O sea, en el hipotético caso que Cataluña algún día se independizara, que sólo podría hacerlo, legal y democráticamente, si en tal sentido se llegara a modificar la Constitución con el formalismo que la misma exige y, después, también lo aprobara todo el pueblo español en un referéndum nacional, pues tendría que ponerse a la cola de la Unión Europea a solicitar el correspondiente permiso para la adhesión, que llevaría un proceso muy escabroso y dilatado; y, mientras tanto, las personas y los productos catalanes tendrían, ipso facto,  vetado el derecho a la libre circulación y de establecimiento en todos los aspectos, debiendo ser gravados dichos productos con los correspondientes derechos arancelarios.
Resulta paradójico que por buena parte de los dirigentes catalanes se venga diciendo que todo el proceso quieren llevarlo a cabo en negociaciones y diálogo con el Gobierno central y de forma “legal”. Cuando más que saben que esa declaración de soberanía y el presunto proceso de independencia es ya completamente ilegal, nace viciada, y también es inconstitucional. Y, además, igualmente saben que cualquier Gobierno central – sea el que fuere – por muy irresponsable que fuera, nunca podría negociar la secesión de Cataluña ni de ninguna otra Comunidad Autónoma del resto de España, pese a que en alguna legislatura anterior se haya pretendido modificar solapadamente la Constitución mediante aquella célebre llamada para que fuera enviado el proyecto de Estatuto catalán tal y como fuera aprobado por el Parlamento catalán, porque así sería aprobado por las Cortes Españolas. Y, claro, de ahí viene el problema, que desde entonces se ha ido en una incesante escalada.
Pero llama poderosamente la atención también, la forma como en la actual legislatura se está abordando el problema. Se ha mirado con total pasividad para otro lado ante todo un cúmulo de cosas que no han hecho sino dar alas a los soberanistas. No se ha hecho la debida defensa del Estado cuando tantas veces se ha dicho que “España roba a Cataluña”, que si acaso sería al revés. Se ha seguido sin replicar ni tratar de reconducir las repetidas declaraciones de dirigentes catalanes de que se celebraría el referéndum y se irá a la independencia de Cataluña, “sí o sí”, lo quieran o no el Estado y los Tribunales, como reto de fuerza y desafío descarado al Estado. No se ha dado la réplica oportuna y con la contundencia que debiera al problema ya generalizado de la retirada sistemática de la Bandera española de todos los centros y organismos públicos de Cataluña. Se ha seguido mirando para otro lado en el público y manifiesto desacato a la ejecución de las sentencias tanto del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia de inmersión lingüística, pese a ser el Ministerio Fiscal  el que promueve la acción de la justicia en interés de la ley y puede instar la ejecución de las sentencias. Y el mismo día de la “declaración de soberanía”, el Presidente del Gobierno se fue a Perú, porque aquí no parece que suceda nada, cuando un órgano del Estado ha atentado contra el propio Estado y su soberanía nacional. Y  sale un Ministro diciendo que, bueno, ya cuando se desarrolle jurídicamente la declaración se tomarán las medidas.
El art.161.2 de la Constitución, dispone: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. Y el art. 155 de la misma Carta Magna, preceptúa: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. Otros países democráticos en supuestos mucho menos graves han suspendido las Autonomías, porque para eso el pueblo ha puesto democráticamente en sus manos tales mecanismos legales.
Mientras tanto, la imagen que de España damos ante el mundo, es deprimente. En Cataluña se está dividiendo y enfrentando a los catalanes, a los demás territorios de España, al Parlamento y a los partidos políticos. Si se sigue sin frenar el delirio independentista de Cataluña y el País Vasco, la cuestión soberanista lleva camino de colisionar frontalmente con el Estado.  Allí no les queda tiempo nada más que para promover la independencia y salir ahora Artur Mas a explicarla al mundo; los múltiples problemas que tan gravemente afectan a los catalanes, esos a esperar, porque es el Estado el único que debe resolverlos con más y más dinero de todos los españoles.