“En los planes educativos debería existir una asignatura de introducción al Derecho”

El magistrado de Ceuta ha sido el responsable de organizar estas jornadas jurídicas que han concluido con gran éxito y que finalizan con la perspectiva de seguir el año que viene y elevar el nivel de sus participantes.

Fernando Tesón, magistrado presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta y director técnico de las ‘I Jornadas Jurídicas de Ceuta’, ha sido el verdadero artífice del éxito de esta iniciativa y el alma que ha concentrado en la ciudad a un alto número de juristas de primer nivel. Tesón no es un juez cualquiera, es una persona cercana y amable. ‘El Faro’ habló con él para conocer su valoración sobre estas ‘I Jornadas Jurídicas de Ceuta’ y todo lo dicho durante las mismas.
– Durante estas jornadas se ha abordado el papel de Ceuta como modelo de convivencia. Yo sé que usted es un gran defensor y embajador de esta ciudad. ¿Comparte que sea tratada como un modelo de convivencia?
–Por supuesto que sí. El ponente ya dijo muy bien que no se debe  hablar de un laboratorio, sino que es una situación consolidada en la que existen diversas religiones y se puede afirmar, por tanto, que es un modelo de convivencia sin lugar a dudas.
–En referencia a la violencia de género, la magistrada Lourdes García Ortiz aseguró que se trataba de algo que "se tiene que arreglar desde una perspectiva más amplia que la meramente Penal". ¿Cómo lo ve usted?
–Existe un principio que se llama el de Intervención mínima del derecho Penal. La última ratio es el derecho Penal, es decir, que es lo último a lo que se debe acudir para solucionar los problemas. Lo que intenta este derecho es proteger a la sociedad de los comportamientos más graves. Por tanto, creo que dentro del Derecho existen otras disciplinas jurídicas como el derecho Civil y el Administrativo que desde luego deberían intervenir antes. Una regulación correcta del divorcio o de toda una serie de situaciones que se pueden plantear podría ser una solución mejor que acudir al derecho Penal.
–García Ortiz también hizo una llamada urgente a la puesta en marcha de las Unidades de Valoración del Riesgo. ¿Usted apoya esta petición?
–Hombre, claro que sí. Se trata de uno de los supuestos en los que la respuesta no se tiene que dar solamente con la jurisdicción. Hay determinadas cuestiones que son multidisciplinares y tienen que tener una respuesta desde distintos ámbitos. Estas unidades podrían servir de gran apoyo a los jueces, al igual que ocurre con otras materias en las que necesitamos la aportación de profesionales de distintos ámbitos que puedan ofrecer al juez la información que éste necesita para resolver los casos, ya que a veces no tenemos los conocimientos a todos los niveles de ciertas cosas.
–El martes estuvo aquí el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que dijo que era necesario crear una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). ¿Qué opina usted?
–Él ya dijo que la actual ley tiene 130 años de vida, es decir, que es de finales del siglo XIX, y que ha sufrido múltiples remiendos. Sobre todo se trata de una ley que en su día fue muy positiva, pero que se basa en unos principios distintos a los que nacen con la Constitución española de 1978, que es una Ley inquisitiva mixta. Todo lo que es la instrucción se ha tenido que ir adaptando a base de modificaciones, remiendos y parches. Ha llegado un momento que no se sostiene y creo que todo el mundo está de acuerdo con que es necesario que se dicte una nueva LEC.
–Entiendo que se refieren a que esta Ley no está adaptada a la realidad social actual...
–La sociedad, los medios técnicos y los medios de investigación de la Policía eran prácticamente imprevisibles para el legislador del siglo XIX. Por tanto se tiene que hacer una adaptación a estas nuevas técnicas y al nuevo modelo social que tenemos..
–Moreno Catena y Conde-Pumpido destacaron el alto porcentaje de procesos penales que se archivaban y no concluían en sentencia (70 por ciento). ¿Esta carga de casos penales poco productivos podrían ser la causa del problema del atasco de la Justicia?
–Esto va conectado con el problema de quién es el que tiene que instruir los asuntos. Aquí se ha dicho que en los países de nuestro entorno no existe un juez de instrucción que se encargue de investigar. En el caso inglés, como hemos visto, la investigación la lleva la Policía e incluso la acusación es ejercida por ellos con apoyo de la Fiscalía. El juez se encarga de que se respeten los derechos fundamentales y vela por ellos. La actuación del juez debe ser de garantía, nada más. Ésta parece ser la línea que se está siguiendo y en la que puede que termine la nueva LEC.
–Precisamente ha sido Geoffrey Breen el que ha contado que en Inglaterra el juez no participa en la investigación y que de eso se encarga la Policía. ¿Sería esto lo ideal en nuestro país?
–Bueno, él ha hablado del proceso Penal Juvenil. Precisamente la Justicia Penal de Menores en España es muy parecida al modelo que ha descrito él. En el proceso de Menores ya se establece que es el Fiscal quien se encarga de instruir, mientras que el juez de Menores se limita a establecer las medidas cautelares y a celebrar el juicio.
–El juez Breen también ha enumerado una serie de medidas que se toman para que el juicio no resulte traumático a los menores. ¿Se podría adaptar esto a España?
–Esto se intenta hacer en España. La idea es que el menor no se sienta estigmatizado y pueda sentirse en un ambiente tan hostil que no pueda exponer su defensa. Yo soy especialista en Menores y he sido juez de Menores y he visto como hasta el estilo de sentencia cambia su lenguaje para procurar que se entienda mucho mejor. En su día yo llegué a hablarles en primera persona y directamente porque la sentencia va dirigida a él, no al público en general. Hablarle de tú para que te entienda. Se trata de cuidar las formas y, por ejemplo, que las conducciones no se hagan con policías de uniforme y coches policiales... todo esto se mira en España desde hace tiempo.
–Usted acaba de hablar de un cambio en el lenguaje judicial para hacerlo más accesible, en este caso a los menores. ¿No debería el ciudadano de a pie hacer también un pequeño esfuerzo e intentar adquirir unos conocimientos mínimos sobre Justicia?
–Los profesionales del Derecho, igual que los de otras profesiones, tenemos la tendencia a hacer un círculo cerrado y utilizar un argot y un lenguaje que no comprenden los demás. Esto se tiene que evitar en la Justicia, porque ésta emana del pueblo y es para el pueblo. Los destinatarios son los ciudadanos. Esto no implica que para explicar ciertas cosas sea necesario utilizar una terminología difícil de entender. Siempre he dicho que sería muy importante que en los planes de educación hubiera una asignatura de introducción al Derecho. La gente que estudia el Bachiller termina tocando de alguna manera todas las materias que le van a servir en la vida excepto el Derecho. Está olvidado y, sin embargo, creo que es algo muy importante para cualquier persona. Me parece que sería algo muy importante y que podría ser una forma interesante de acercar la Justicia a los ciudadanos.
–Durante las jornadas también se ha tocado el famoso tema de la nulidad de las intervenciones telefónicas. Moreno Catena dijo que "es necesario hacer una serie de cambios legislativos" para no enfrentarnos a un alto número de nulidades. ¿Qué cambios cree usted que serían necesarios?
–Precisamente Moreno Catena nos leyó el artículo de la LEC que regula esta materia, demostrando que es claramente insuficiente. Hay que acudir a las distintas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional para saber qué quería decir el legislador. El problema está en que se trata de una materia muy sensible en la que entra en juego un derecho fundamental como es el de la intimidad y el secreto de las comunicaciones y que, por tanto, se tiene que regular por ley orgánica de una manera clara y precisa. Desde hace muchos años se viene reclamando una regulación legal incluso por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Creo que el problema reside en que se está vinculando esta regulación a la nueva LEC y me parece que la regulación de esta materia se tiene que afrontar con urgencia, adaptándola a la Constitución Española.
–De cara al año que viene, ¿se podrá superar el alto nivel de conferenciantes?
–Eso es lo que se va a intentar, por supuesto. Estas primeras jornadas han sido de un nivel altísimo por los ponentes y creo que el hecho de que esto haya sido así va a propiciar que conferenciantes de la misma calidad técnica vengan. Estoy completamente seguro de ello.