Sea cual sea el dictamen al que llegue la sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta en el caso de la agresión ocurrida en octubre de 2008 en el Poblado Marinero que ha dejado a tres policías de la UIR y a un joven sentados en el banquillo, ha quedado claro que la vigilancia y el control policial que se estila en la zona de marcha por excelencia en Ceuta no es la más adecuada. “En el Poblado todo el mundo ve cosas, pero nadie denuncia”. Esta frase no la dice un cualquiera, salió, en plena celebración del juicio, de boca de uno de los jefes de la UIR. Una frase dicha por un mando capaz de reconocer que, en el caso de marras, la actuación de la UIR no fue la correcta y capaz, también, de asegurar que por eso la polémica unidad ha terminado convirtiéndose en protagonista de un juicio mediático.
Ahora los jueces analizan un caso concreto que, tristemente, no termina siendo un aislado en el Poblado Marinero. Los propios porteros contratados por los distintos pubs reconocen la situación de inseguridad que se genera los fines de semana. Los propios policías reconocen la incapacidad para controlar un recinto que, de entrada, no está preparado urbanísticamente para acoger a tantísima cantidad de gente que, en las últimas horas, acostumbra a arrastrar un cóctel demasiado elevado de alcohol y drogas. Y en medio de unos y otros aparecen las denuncias presentadas por robos, por reyertas, por peleas y por supuestos abusos policiales que se concentran en la misma zona.
La Policía Nacional tiene constancia incluso de informaciones que le desvelan la presencia de menores que han practicado la prostitución en puntos concretos del Poblado. Y sabe del elevado tráfico de estupefacientes que se concentra en este lugar. En el Poblado ha habido agresiones, se ha producido hasta un crimen y se han cruzado múltiples denuncias por hechos similares a los que han motivado el juicio de marras. La clase política forzó una reunión para reordenar lo que allí pasa después de que los propios empresarios lamentaran las escasas garantías de seguridad. Lo logró la presión mediática del momento, pero, tras la misma, se ha vuelto a las anteriores andadas.
El juicio celebrado esta misma ha provocado la reapertura de este debate en el que la seguridad en la zona se cuestiona al igual que la formación de una unidad que ha sido criticada políticamente, provocando que partidos políticos como la antigua UDCE y después Caballas hayan pedido su disolución. Los sindicatos policiales defienden la integridad de una UIR a la que, ahora, la Consejería de Gobernación plantea entregar armas largas. El corporativismo policial lleva a que no se filtre queja alguna en torno a esta unidad. Ni tan siquiera los que ven con malos ojos la herencia que en materia de seguridad dejó el GIL hablan al respecto. El Poblado no deja de ser otro Príncipe en el que prima el silencio y los rumores.
¿Quiénes provocaron las lesiones?
Las versiones contradictorias chocaron en la vista judicial más larga que se ha celebrado en la Audiencia. El tribunal se decantará por dar más credibilidad a una u otra versión, pero sobre la mesa queda unas lesiones que existieron. El joven Fernando Navas no se inventó una rotura de la nariz, ni su amigo Cristóbal Yáñez se autolesionó en el riñón. Sea cual sea la sentencia del tribunal, en el aire quedan unas lesiones que alguien produjo. “Se perdió saber quién fue el autor por un exceso de celo”, diría el mando de la UIR en aquella intervención. Y es que esta es la gran laguna de toda la vista judicial. Si los policías acusados niegan que fueran los agresores, ¿quién fue? El hecho es que tras una reyerta en la que, según dijeron los agentes, había cien o doscientas personas, no ha aparecido ni culpable de las lesiones ni testigos en abundancia que puedan ayudar a esclarecer esta historia. Lo ocurrido en este caso no es algo aislado, son varias las películas cortadas por similar patrón que se quedan sin esclarecer, denuncias de jóvenes que señalan a diversidad de autores pero que no se saldan con resultados positivos que lleven a los incriminados ante un juez con unas diligencias bien hechas y fundamentadas. Del Poblado Marinero interesa hablar lo justo y ni en las juntas de seguridad se aborda con seriedad lo que es una auténtica bomba de relojería.