En defensa de lo público

Los planes de reestructuración del sector público local están provocando una gran preocupación entre los empleados de las empresas municipales y el personal del Ayuntamiento debido al temor de que la mala situación económica de las arcas municipales conlleve medidas mucho más duras y escandalosas de recortes de empleo a corto plazo, por la constricción del presupuesto municipal y, en consecuencia, de las encomiendas de servicios a las empresas municipales.
Es incomprensible que las consecuencias de una gestión irresponsable, populista y cortoplacista en muchos niveles de decisión política del Ayuntamiento, no sean afrontadas de una forma eficiente, eludiendo responsabilidades y argumentando como causa una crisis económica global, cuando lo que se trata es de afrontar una crisis económica local que ellos mismos han ido provocando en su mayor parte.
El vaciado de contenido en el plano laboral de las áreas de gestión municipal, provocado por el traslado de servicios públicos mediante las diferentes encomiendas a empresas privadas, no solo ha disminuido la calidad de los servicios públicos (en las empresas públicas y privadas prima el interés económico frente al social), sino que como siempre, acaban costando más dinero a la ciudadanía.
Los empleados públicos resultan, no sólo necesarios, sino imprescindibles. Una vez más, estamos convencidos de que es posible otra salida de la crisis sin que ello suponga debilitar el actual modelo social de gestión municipal. Esperamos, como sociedad solidaria que hemos conseguido ser, que se repartan los costes de la crisis en términos de equidad, para conseguir una ciudad basada en la justicia distributiva y la universalidad y calidad de los servicios públicos.
Creemos que las decisiones desde el Gobierno de la Ciudad se han ido dando sin visión de futuro, guiadas solo por el afán de conseguir votos para mantenerse en el gobierno. Se han asumido gastos y compromisos innecesarios que han derivado en un excesivo déficit presupuestario, sin asegurar los servicios útiles a los ciudadanos y cuya externalización supone poner de manifiesto el reconocimiento implícito de la incapacidad e ineptitud de los responsables políticos, que incapaces de asumir sus responsabilidades, pagan con el dinero de todos para que otros gestionen su área.
En estos momentos de altos índices de desempleo, de aumento de la temporalidad laboral, de aumento de la economía sumergida, de recortes de derechos y del estado de bienestar, no podemos aceptar que la crisis de las empresas municipales y del Ayuntamiento se resuelva perjudicando al personal de forma unilateral. La situación económica a la que nos han abocado los responsables políticos locales, impone una ordenación de los recursos humanos con Planes de Empleo y Sostenibilidad, que han de ser negociados con las organizaciones sindicales y aprobados por el Pleno. En dichos planes, deben analizarse los gastos de personal y el resto del presupuesto, incluyendo las empresas públicas que dependen de éstos y, por tanto, del dinero público. Al final, somos los ciudadanos quienes pagamos la inexperiencia, la ineficacia e ineficiencia de los actuales gestores políticos, mediante recortes en los servicios y aumento de impuestos.