El primer punto que nos tenemos que plantear a la hora de juzgar si es bueno modificar o cambiar una ley, o cualquier otro texto legal, es si es necesario y conveniente hacerlo. En nuestro caso: si el actual modelo educativo español, basado en la LOGSE y la LOE, está dando los frutos requeridos, o por el contrario, nos lleva al desastre y hay que cambiar el rumbo.
A estas alturas, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que aprobar una nueva ley porque no podemos quedarnos impasibles ante los desastrosos datos que muestran los distintos informes y evaluaciones de organismos internacionales como la OCDE sobre nuestro sistema educativo. La tasa de abandono escolar es del 24,9 por ciento, el doble del resto de países de la Unión Europea (13 por ciento). Esto significa que uno de cada cuatro jóvenes abandona los estudios al terminar la etapa obligatoria. Una tasa de desempleo juvenil que supera el 57 por ciento, cuando en países como Alemania se queda en el 8 por ciento. Un porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan (NI-NI) y que representan el 23,7 por ciento en España.
A los 15 años gran parte de nuestros alumnos han repetido como mínimo una vez, esto quiere decir que tenemos 500.000 alumnos más de los que habría si no tuviésemos esta tasa de repetición.
Unos resultados académicos que nos alejan de los puestos de cabeza y, que lejos de mejorar, empeoran con los años. España obtuvo 481 puntos en las últimas pruebas de PISA (2009), 12 puntos por debajo de los obtenidos en promedio por la OCDE. Los resultados son peores que los obtenidos en 2000 (493). Y ello con una inversión que está muy por encima de la media de la OCDE y UE. España invierte un 21 por ciento más que la OCDE y la UE en educación. (Basta ya de frases hechas en laboratorios de publicidad: “No a los recortes” “Quieren acabar con la escuela pública”... Cuando todos saben, nuestros sindicatos los primeros, pues basta leer sus declaraciones en los medios de comunicación donde aseguran que en Ceuta no ha habido recortes ni en profesorado ni en recursos materiales).
Creo que no queda ninguna duda de la necesidad imperiosa de un cambio, de un giro de 180 grados. Y eso es lo que hace la LOMCE, proponiendo:
Un sistema de evaluaciones homogéneas que garanticen que los mínimos de competencias que tienen que adquirir los estudiantes para titular al final de cada etapa, sean homogéneos en todo el territorio nacional. La flexibilización en la Formación Profesional, hacerla más atractiva para el estudiante y conseguir que nuestros alumnos encuentren una vía alternativa más práctica, más aplicada y que además les facilite su acceso al empleo. Con la novedad de una FP Básica.
Autonomía de los centros. Así, dotamos a la escuela pública de una serie de herramientas que le permiten ser más flexible y adaptarse a los nuevos tiempos y tener mayor capacidad de gestión y decisión, y, por supuesto, esta autonomía va unida a una mayor rendición de cuentas y mayor transparencia.
Una nueva configuración de las asignaturas: esto supone una nueva definición de cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, del Estado y de los centros, tanto en cuanto a la evaluación, como en la definición del currículo de las asignaturas.
El Gobierno garantiza el derecho constitucional que tienen todos los españoles a estudiar en castellano, algo tan lógico y fácil de entender, pero que alguna comunidad autónoma viene incumpliendo sistemáticamente, con la complicidad o pasividad de un partido que lleva la E de España en sus siglas, y de los dirigentes de nuestros principales sindicatos (ésos que ahora piden a los docentes ir a la huelga) como ha sucedido en la Comunidad Balear.
Suspensos: Se podrá pasar de curso, únicamente con dos asignaturas suspensas. No más. Pero hay una excepción: no se podrá pasar de curso si se tiene dos asignaturas suspensas y esas asignaturas son Matemáticas, Lengua y la Lengua Cooficial. Si dos de esas tres están suspensas, no se pasa de curso. Se valora y potencia el esfuerzo y el trabajo. Estas nuevas reglas del juego se aplican por igual en todos los modelos de escuela: pública, privada y concertada. No hay nada en esta ley que beneficie más a un modelo que a otro.
Se considera al profesorado y al equipo directivo como autoridad pública. (Art. Setenta y cuatro). El artículo 124 queda redactado de la siguiente manera:
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum... Cualquiera de estos puntos merecen el apoyo a la LOMCE, y no caer en el señuelo de los sindicatos, que no hacen sino de arietes del PSOE, en su delirio destructivo creyendo que la parcela educativa sólo es suya, quizá por algún gen que lo hace superior al resto de los partidos.
No podemos apoyar una huelga que no es querida por los sindicatos de Ceuta, sino que les viene impuesta por sindicatos minoritarios y sus propios dirigentes desde Madrid (esos mismos dirigentes que no ven nada malo en el desfalco a los trabajadores que han supuesto los falsos ERE en Andalucía).
No podemos tampoco apoyar una huelga política donde unos dirigentes de la Federación de Padres de Ceuta, anteponiendo su criterio al órgano en el que están integrados: la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, que no decidió respaldar el paro en los centros, piden irresponsablemente que los padres y madres no lleven sus hijos al colegio, porque, y cito sus palabras en la prensa local, la LOMCE es “el fiel reflejo del carácter autoritario del ministro de Educación” y la inversión para Ceuta y Melilla es ridícula. ¿Dónde estaban estos señores con sus camisetas verdes durante los años 2004-2011, cuando con bonanza económica no se invirtió nada en construcciones en Ceuta?
Termino, permítanme, con unas palabras a mis compañeros, a los que considero buenos profesionales, y con los que en la mayoría de los casos, tengo amistad. No se dejen engañar cuando mencionan o ponen en mi boca palabras que no he dicho o mutilan frases, para según los instigadores de esta huelga, conseguir irritando a algún docente que no me conozca, llevarlo a la huelga. Yo nunca he dicho que quiera ratios de 40 alumnos por clase. Yo prefiero, como no podía ser de otra manera, ratios 1:25 por aula, lo que yo he dicho es que antes, con ratios elevadas, la disciplina y el respeto al maestro o profesor era lo normal en el aula, y ahora con ratios menores es la excepción. Por eso creo, y lo diré siempre, que hasta que no vuelva el respeto al profesor y se valore el esfuerzo, pocos o ningún resultado conseguiremos. Por eso la necesidad de cambiar el rumbo y apostar por esta nueva Ley Educativa.