Dos meses menos un día. Eso es lo que les queda en sus casas de alquiler de protección oficial a los inquilinos de
las 45 VPO de Serrano Orive de Ceuta a los adjudicatarios que no cumplan los requisitos establecidos hace una década para ocupar esas
viviendas. Los plazos los marcó en la última reunión del Consejo de Administración de
Emvicesa su actual presidente, Juan José Contreras, quien avanzó que, dado que los contratos expiran el 20 de enero, con al menos un mes de antelación, esto es, como muy tarde el 20 de diciembre, se remitirán escritos a los arrendatarios advirtiéndoles de la necesidad de regularizar la situación de la promoción.
Interpelado por si se mantiene esa intención, el Gobierno de la Ciudad ha explicado que “la intención del Ejecutivo es seguir con el procedimiento para normalizar la situación y convocar a la Comisión Local de la Vivienda para aprobar unas nuevas bases de adjudicación”. “Todo lo que se haga”, ha dejado claro el Gobierno que preside Juan Vivas, “será contando con los grupos políticos con representación en la Asamblea”.
El último informe oficial sobre esas 45 casas (cuarenta apartamentos de un dormitorio y cinco con dos) entregadas en 2010 apunta que sólo 8 de los inquilinos actuales tenían, en su fecha de elaboración, menos de 35 años, aunque
todos caían en otros requisitos que en su día no les hubieran permitido entrar en el sorteo de esas viviendas: o debían parte del alquiler, o tenían deudas con la Hacienda local o contaban, para mayor escarnio, con
otras viviendas en propiedad. Las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive se adjudicaron mediante sorteo público el 9 de julio de 2008 con Antonio López como gerente y con Francisco Márquez al frente del Consejo de Administración de la sociedad municipal. estaban destinadas a jóvenes en régimen de alquiler. Con unos precios de alquiler muy por debajo de las tarifas de mercado, los contratos rubricados inicialmente tenían una duración de 5 años con posible prórroga de otro lustro siempre y cuando los adjudicatarios cumpliesen el requisito de seguir siendo ‘jóvenes’, esto es, menores de 35 años.
Durante esta década, la Ciudad Autónoma ha sondeado mil posibilidades para dar salida a la promoción. Hace cinco años, Emvicesa remitió una remesa de cartas a adjudicatarios para comunicarles “formalmente” que la “voluntad” de la sociedad pública era “no renovar el contrato” con los beneficiarios y para avanzarles que “cumplido el quinto año de prórroga”, el arrendamiento quedaría “extinguido”.
Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, aquel proceso de enajenación quedó en agua de borrajas y el conflicto, como tantos otros en esta ciudad, se gangrenó sin que cada nueva noticia dejase de ser un nuevo escándalo.
El año pasado se supo que al menos doce titulares tenían al menos una (si no más) vivienda en propiedad al margen de la que disfrutaban en régimen de alquiler protegido. En 2016, el Gobierno de Vivas también promovió una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 con el propósito de dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años” con la intención explícita de “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa siempre que cumplan los requisitos previstos en la Resolución del 10 de octubre de 2013 de cambio de régimen de cesión” de alquiler a compraventa.
Para menores de 35 años con hasta 3.000 de ingresos
La Comisión Local de la Vivienda estuvo a punto de aprobar en mayo (la reunión se abortó por las elecciones) unas nuevas bases de selección de arrendatarios para las casas disponibles en Serrano Orive con el fin de repartirlas con criterios de "igualdad" y "transparencia" por sorteo una vez establecida una relación de interesados que cumplan los requisitos. La propuesta pasaba por exigir a los candidatos a ocuparlas unos ingresos familiares ponderados de entre 1.300 y 3.000 euros mensuales (de 2,5 a 5,5 veces el IPREM, casi 538 euros al mes). También tener menos de 35 años de edad y ser español o tener residencia legal en territorio nacional mediante DNI, NIE o TIE; estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad de 3 meses y empadronado en Ceuta con una antigüedad mínima de 48 meses. Además cada aspirante tendrá que aportar un certificado catastral que acredite que no es titular del pleno dominio ó de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública ni de una vivienda libre. Para el cupo de discapacitados se pedirá certificado en vigor de movilidad reducida emitido por el INSERSO. Las bases que propuso aprobar la Consejería de Fomento contemplaban múltiples causas de exclusión que van desde “superar la edad de 35 años antes de finalizar el año natural dentro del que se ha abierto el plazo de solicitudes” hasta “integrar una unidad familiar compuesta por más miembros de los adecuados al tipo de viviendas disponibles”.
Desde agosto, en trámites para acometer la regularización de las 45 viviendas
La Ciudad Autónoma remitió a finales de agosto la primera remesa de cartas certificadas con acuse de recibo a los inquilinos de la promoción de Serrano Orive
para pedirles que aclarasen su situación jurídica y administrativa y acreditasen documentalmente que seguían cumpliendo los requisitos exigidos en su día para ser beneficiarios de esta promoción.
Los inquilinos de esta promoción resultaron adjudicatarios de un proceso de selección realizado por Emvicesa y aprobado por la Comisión Local de la Vivienda en noviembre de 2007. En ese momento, los solicitantes debían acreditar que eran menores de 35 años; unos ingresos familiares corregidos “inferiores a 5,5 pero superiores a 2,5 veces el IPREM”, que en 2010 ascendía a 532,5 euros al mes; no disponer de vivienda en propiedad; “acreditar la necesidad de vivienda”; y tener “una residencia en la ciudad autónoma mínima de 48 meses ininterrumpidos y anteriores a la presentación de la solicitud”.
El procedimiento culminó en la celebración de un sorteo público y ante notario entre los más de 250 solicitantes admitidos.
El Gobierno de la Ciudad optó el pasado mes de febrero por tapiar los accesos a varias de las al menos siete viviendas de la promoción de 45 VPO de alquiler para jóvenes de Serrano Orive que ya había conseguido vaciar en un inmueble en el que se ha localizado desde hace meses a multitud de adjudicatarios con otra casa en propiedad y la edad máxima establecida para los beneficiarios, superada.