El Consejo de Administración de Emvicesa acordó este lunes por unanimidad de todos los Grupos Políticos en una reunión convocada con un solo punto en el Orden del Día que la sociedad municipal emprenderá acciones legales contra los inquilinos de las viviendas públicas de alquiler para jóvenes de Serrano Orive que no las han abandonado todavía pese a incumplir los requisitos de concesión (tener menos de 35 años, ocuparlas de forma efectiva, no tener otras casas en propiedad...).
Hasta ahora, en la semana que ha transcurrido desde que, el 20 de enero, terminó el plazo que Emvicesa dio a los concesionarios de las casas para irse, la Ciudad solo ha recibido las llaves de cuatro que se suman a las 8 que ya estaban libres y tapiadas desde hace un año.
El resto, 33, siguen de manera efectiva en manos de quienes se niegan a dejarlas una década después de su adjudicación.
Ese grupo ha alegado que sus miembros tienen pendiente de resolución la reclamación que formularon hace años, cuando Emvicesa se inclinaba por venderles las viviendas en vez de mantenerlas en alquiler para favorecer la emancipación juvenil, como finalmente decidió el Gobierno de Vivas.
También han esgrimido que el órgano competente para resolver sus contratos no es el presidente del Consejo de Administración, Juan José Contreras, que es quien lo ha hecho, sino el órgano rector de la sociedad como tal.
Igualmente argumentan que la Ley que regula los arrendamientos exige actualmente 4 meses de preaviso (la Administración ha aplicado la vigente en el momento de la concesión de las viviendas, hace una década); y que en las comunicaciones de Emvicesa no constan los motivos del desistimiento de la relación, algo que a la luz de la normativa la Administración considera que no tiene por qué detallar.
Según el expediente abierto, “todos los arrendatarios salvo 3 superan la edad de 35 años, requisito de admisión determinante para el grupo de jóvenes destinatarios de la adjudicación”. Por añadidura, “al menos” una decena poseen en el mejor de los casos otra casa en propiedad, aunque a otros se les han detectado hasta tres.
En lo que a los ingresos económicos se refiere, tres arrendatarios “superan los ingresos máximos previstos para la adjudicación”, 5,5 veces el IPREM, es decir, cobran 3.000 euros mensuales; y “al menos 2” no tienen constituido su domicilio en la vivienda adjudicada en régimen de arrendamiento.
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