Emvicesa analiza 167 solicitudes para las casas de Serrano Orive y presenta 29 demandas de desahucio

La empresa municipal Emvicesa está revisando las 167 solicitudes que ha recibido para optar a alguna de las 45 viviendas protegidas (VP) de Serrano Orive destinadas a adjudicatarios menores de 35 años en régimen de arrendamiento. Cuando se convocaron las bases de selección la Administración local solo disponía de 8 (siete con un dormitorio y una con dos), pero actualmente ya tiene las llaves de doce y “próximamente” recibirá las de otra casa, según han precisado este miércoles fuentes de la Ciudad a El Faro.

Con el fin de crear una lista de espera en la promoción de 37 alojamientos de Padre Feijoo, destinada a la tercera edad en régimen de arrendamiento, se han recibido 26 peticiones, pero el nuevo listado no entrará en vigor hasta que se agote el todavía vigente.

En el caso de Serrano Orive, al margen de las 13 casas ya recuperadas o a punto la sociedad pública ha formulado 29 demandas de desahucio actualmente en trámite por expiración de los contratos de alquiler. A tres inquilinos se les ha advertido que, por estar cerca de cumplir los 35 años, tendrán que irse a lo largo de este año o del próximo, según el caso, siempre antes de finales de enero de 2022.

Emvicesa completó “con éxito” el año pasado un proceso de regularización de “impagos de renta [de unos 200 euros mensuales] y de comunidad" que arrastraban algunos adjudicatarios e inició un estudio exhaustivo "sobre Ia vigencia y actualización de los datos que en su día aportaron los arrendatarios.

Una vez examinados los expedientes por impago de la renta, por finalización de contrato tras 35 años o por incumplimiento de las condiciones (como poseer una o varias casas más en propiedad), a 34 inquilinos se les comunicó que debían salir de las casas el 22 de enero, uno este año y otros dos a lo largo de 2021.

Una familia quedó al margen porque "a pesar de no cumplir ni uno solo de los requisitos" se encuentra “aparentemente protegida” por la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social al “estar incluida en algunos de los siete requisitos que pueden dar lugar a la suspensión de un posible lanzamiento".

Al término de 2019 solo cuatro inquilinos manifestaron su intención de entregar voluntariamente las llaves y 26 "guardaron silencio". Finalmente se prepararon 30 expedientes "con información de la edad de cada miembro de la familia, lugar de empadronamiento de los miembros y número, propiedades...".

Un bufete de la ciudad se hizo cargo de la defensa de los interpelados y presentó recurso de reposición dos días después de Navidad, pero a Emvicesa le sonó a una estrategia para alargar el procedimiento y evitar que las viviendas "queden libres", por lo que optó por iniciar los trámites de demandas de desahucio, que se vieron afectados por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria y que actualmente “siguen su curso”.