Empresarios y Delegación estudian cómo poner orden en el caos del Tarajal

Avalanchas, colas interminables, quemas de cartones, disparos de fogueo, piedras contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agentes contusionados, centenares de porteadores durmiendo a lo largo de las principales calles que delimitan las naves y colapsándolas horas después...

Ese suma y sigue, sin solución aparente, dibuja el escenario cotidiano y caótico del Tarajal desde hace meses. El arranque de 2015, tras el parón navideño, no ha hecho sino enredar aún más el laberinto de intereses económicos, regateos más o menos visibles a la legalidad y cruces de acusaciones entre todas las partes implicadas en poner orden en el que se supone nuevo pulmón económico de la ciudad.
Consciente de que esa realidad comienza a ser insostenible, la Delegación del Gobierno citó ayer en su sede de la Plaza de los Reyes a los presidentes de las cuatro comunidades de propietarios del Tarajal. Se sentaron en torno a la misma mesa junto al propio representante de la Administración central, Francisco Antonio González, y sus asesores, además de los principales mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Objetivo: acercar posiciones –y limar las asperezas de los últimos desencuentros, acentuados tras las decisión de los propietarios de las naves de retirar la seguridad privada en la zona– para intentar reconducir ese desorden en el que se ha sumido el entorno que conduce a los porteadores hacia el Biutz.
Del resultado de la reunión, silencio oficial. Por parte de la Delegación del Gobierno, que optó por no hacer valoraciones, y de los titulares de las naves, que coincidieron en concederse unos días de plazo antes de hacer públicas sus conclusiones. Pese al mutismo desde ambos lados de la mesa, según ha podido conocer El Faro la representación de la Administración central insistió, entre otros temas, en las tesis que  ya ha enarbolado en los últimos meses: el Tarajal es un polígono empresarial privado y como tal, con la legislación en la mano, la seguridad es competencia –y por tanto debe ser costeada por ellos– de los propietarios, que en el pulso lanzado a la Delegación a finales de año decidieron anular el contrato con Seguriber alegando que no podían seguir soportando el coste.
En la cita de ayer volvió a planear el argumento ya deslizado en alguna ocasión por la institución que dirige González: la UIP no está obligada a asumir las tareas de regulación de las mercancías ni el tránsito de las miles de personas a lo largo y ancho del recinto, ni a supervisar el tamaño de los bultos, incumplido de forma sistemática respecto a lo acordado en su día (un máximo de 60x40) por los porteadores para rentabilizar al máximo cada trayecto, más aún tras escalar hasta 50 euros, o más, la recaudación que están obteniendo por cada paquete que atraviesa el paso del Biutz.
Esas advertencias, como ya informó a finales de diciembre este diario, las conocen los propietarios de las naves desde octubre, cuando la Delegación se las recordó por carta. Sobre la posibilidad de que la Administración central presione con una hipotética retirada de los efectivos de la UIP para forzar la contratación de nuevo de la seguridad privada, más mutismo ayer por parte de los dueños de las naves. Uno de los presentes en la cita de la Plaza de los Reyes se limitó a asegurar a El Faro que había encontrado “predisposición” en la Delegación del Gobierno por reconducir el escenario de caos que preside el día a día en el Tarajal, y subrayó que ambas partes se han concedido un margen de tiempo prudencial para volver a colocarse frente a frente y consensuar una solución que contente a todos.
El otro grupo de afectados, el de los comerciantes que en su mayoría alquilan las naves, también tenía previsto reunirse ayer para analizar el nuevo escenario. Su junta gestora provisional anunció en diciembre su disponibilidad para asumir el coste de la seguridad, entre 25 y 30 euros por mes y nave.

El problema de las ‘invasiones’ nocturnas
De toda la maraña de anomalías que preside la actividad diaria del entorno del Tarajal, la ‘invasión’ de porteadores durante la noche se ha convertido en un quebradero de cabeza para los empresarios y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se ven obligadas a lidiar cada mañana con los cientos y cientos de camalos que acampan durante toda la madrugada junto a las naves. Fuentes policiales aseguran que no disponen de herramientas legales para evitar esas aglomeraciones.