Tildan la situación de “insostenible” y que trabajan en una zona “tomada” por el CNP
Son más de 200 cartas las que se presentaron en la mañana de ayer en la Delegación del Gobierno; cartas dirigidas a Fernández Cucurull que contienen todas ellas las mismas quejas, las de los comerciantes del polígono Alborán, La Chimenea, Tarajal Primera Fase y Tarajal Segunda. Piden que se acuerde de inmediato “el cese” en estos polígonos “de cualquier actividad de los miembros de la Policía Nacional, encaminada a las limitaciones del tránsito libre de personas y vehículos” así como el “establecimiento de vallas y cierre de calles” o el de “cupos” como está ocurriendo. Reclaman que la actuación policial sea la misma que se aplica en cualquier otro punto de la ciudad, interesando que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para la apertura del nuevo paso fronterizo. Antes de dar este paso ha habido mucho aguante, demasiado, hasta el punto de que son varios los comercios que han tenido que cerrar y otros que están camino de hacerlo. Con esta protesta formal buscan salvar el polígono, calificando la actual situación de “insostenible”. Advierten de que el cierre de las naves no solo les afecta a ellos como empresarios, sino también a las personas que tienen contratadas y al tráfico inmobiliario, “ya que cuando un negocio es cerrado, la nave ya no se vuelve a alquilar”. Los afectados denuncian que las naves “más que encontrarse en el territorio del Estado Español parecen más bien estar ubicadas en un régimen policial y totalitario”, dando pie a una situación “que nos desangra a diario”, ya que “desde el alba hasta el mediodía” toda la zona está “literalmente tomada por una cantidad ingente de miembros del CNP y sus vehículos, lo que impide en determinadas zonas y tramos el libre tránsito de personas y vehículos, estableciendo cupos de personas, prohibiciones de entrada y desplazamiento, vallas de cierre de calles y accesos...”, critican. Los firmantes reclaman la actuación inmediata de la Delegación ya que, advierten, “como contrapunto de estas medidas” se provocan “aglomeraciones multitudinarias” mientras que otras zonas “están desiertas”. Las actuaciones de la Policía, ordenadas por la Delegación, y el funcionamiento de un puente del Biutz agotado, dan pie a una combinación negativa. “Gran parte de la problemática, si no toda, está provocada por la propia dinámica establecida por los efectivos policiales, los que al impedir el libre tránsito impiden a su vez que los clientes puedan circular y comprar libremente en las naves, obligándose a los porteadores que para dirigirse al Biutz lo hagan sin ningún tipo de mercancía, lo que provoca una situación cuando menos kafkiana, ya que efectivamente se dirigen sin ningún bulto al paso del Biutz, más poco antes de llegar a éste, recogen los bultos en las naves consigna y se trasladan al paso, con lo que a la postre, la situación que se intentaba evitar de colapso en el paso del Biutz se ha acrecentado con la propia actuación policial, a lo que se ha de añadir que dicha situación únicamente redunda en beneficio de las llamadas ‘naves consigna’, que estando en situación irregular, son consentidas por las distintas administraciones”, exponen. Las quejas de los empresarios aumentan ya que a tan negro panorama hay que sumar otra problemática, la derivada de los horarios impuestos, lo que impide que los vehículos de reparto puedan volver a acceder al polígono, con lo que los empresarios se ven obligados a asumir “unos sobrecostes inasumibles en el devenir de su actividad”. Discriminados, perjudicados... se comparan con quienes ejercen su actividad en otro lugar como el puerto. “Resultaría impensable”, confiesan, “que la Policía Nacional tomase a diario la avenida Cañonero Dato porque se producen aglomeraciones de personas y vehículos en las inmediaciones” de un supermercado, “no estaría bien vista en pleno centro de la ciudad”, explican. Las quejas de los afectados se sostienen además en el incumplimiento de lo establecido en la Constitución tanto en la imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación como en el hecho de que los Estados no pueden restringir el derecho “más que por causa de orden o seguridad públicos o de salud pública y aun cuando la mayoría que acude a comprar no es ciudadana europea, han entrado legalmente y están de forma legal”, completan.
“Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen otros cometidos”
Empresarios, ante Delegación. Foto: Vivancos Los afectados denuncian que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen “otros cometidos más propios e importantes” que crear “continuos obstáculos al libre comercio y la libre circulación de vehículos y personas” en una zona comercial “a la que, reiteramos, no se ha hecho más que extrapolar los problemas que afectan a la frontera del Tarajal, cuando dicha presencia policial, en caso de darse aglomeraciones, debería centrarse en la frontera y sus inmediaciones, de tal suerte que su actividad en modo alguno afecte o perjudique frontalmente la actividad privada, máxime cuando existen unas instalaciones nuevas y sin estrenar que se crearon para paliar el problema fronterizo, cerradas sin solución de remedio”, exponen en alusión al ‘Tarajal II’.
El ‘Tarajal II’, un “lastre” antes incluso de que esté operativo
Los comerciantes denuncian que el ‘Tarajal II’ ya es un “lastre” antes incluso de que esté operativo, ya que “por parte de la Administración, para adecuar las entradas y salidas de porteadores, han ‘tomado’ y ‘limitado’ el acceso y salida a través del acceso primigenio de la primera fase, lo que afecta a las demás fases y resto de polígonos, hasta el punto de colocarse en el mismo una puerta de acceso que controlan los efectivos policiales, con lo cual, para acceder o salir de la primera fase hay que hacerlo a través de los polígonos colindantes, y todo ello sin proceso previo alguno, directamente por la vía de hecho por parte de la Administración se ha cerrado y limitado la que fuera puerta de acceso natural”, replican.