Un empresario, dos trabajadores de su supermercado, un transportista y otros dos colaboradores. Todos ellos, los seis, han sido condenados este martes por el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta por tráfico de drogas. Todos ellos, además, han reconocido los hechos evitándose la celebración del juicio y beneficiándose de penas más provechosas.
Eloy G.F., propietario de la empresa Supermercados Noel, se enfrentaba a algo más de 11 años de cárcel por delitos contra la salud pública, falsedad documental e integración en grupo criminal. Como él, también lo hacían dos de sus trabajadores: los hermanos Mohamed y Jamal E.B., así como el transportista Félix D. y dos colaboradores en esta trama, los llamados Francisco M.Ch. y Jesús O.P.
El tribunal del máximo órgano judicial en nuestra ciudad los ha condenado hoy a penas de 3 años y 9 meses de cárcel por tráfico de hachís con la atenuante de confesión, dictándose sentencia in voce tras existir un acuerdo entre las distintas defensas y el Ministerio Fiscal.
Solo en el caso del transportista la pena es algo mayor, al contemplarse la existencia de otro delito de falsedad de uso, por el que se le impone 3 meses de cárcel y una multa de 3 meses con una cuota diaria de 3 euros. A todos ellos además se les impone el pago de dos multas de 6,7 millones de euros.
Los ahora condenados se concertaron para recibir, almacenar y distribuir hachís repartiéndose las tareas para acopiar la mercancía en una nave que disponía el empresario en la avenida Cañonero Dato.
Eloy G.F., a quien la Guardia Civil no detuvo el día de la operación sino que fue encarcelado poco después al presentarse a declarar en el juzgado de forma voluntaria, tenía ese almacén para guardar la mercancía que llegaba con destino a su supermercado. Una zona ideal para no levantar sospechas si lo que se pretendía era esconder hachís.
Entre sus empleados figuraban dos hermanos, quienes se encargaban de la carga y descarga de la mercancía permaneciendo casi de forma constante en la nave. Allí precisamente se acordó guardar el hachís, algo más de 3 toneladas, escondiéndolo en una nave frigorífica.
El transportista Félix D. disponía de un semirremolque con doble fondo para ocultar mucha droga y fue quien se encargó de hacer un transporte legal desde la Península a Ceuta para la descarga de mercancía, disponiendo así de la excusa para salir en un regreso posterior pero en esta ocasión con un cargamento de hachís.
Para no levantar sospechas entre los agentes que se encargan de controlar la entrada y salida de la mercancía y completar el circuito aduanero que el transporte de la mercancía legal aparentaba, los acusados cambiaron las placas de matrícula de este vehículo aprovechando las de otros semirremolques que les eran prestados por una empresa de transportes de la ciudad.
La Guardia Civil ya estaba investigando los movimientos sospechosos de droga, de hecho la UDAIFF –unidad que evalúa los riesgos y movimientos delincuenciales- estaba tras la pista de traslados de hachís en camiones.
El 23 de junio de 2022, el transportista Félix D. llegó a Ceuta con un vehículo al que se le habían trastocado las placas de matrícula llegando a la nave del empresario. Allí efectuaron otros cambios al semirremolque, en ese intento por burlar la acción policial en el rastreo de las pistas, preparándolo para cargarlo de droga.
Los dos trabajadores a cargo del empresario Eloy G. se aseguraron de colocar en la entrada de la nave varios palés para dificultar la visión y prepararon la salida de la droga, más de 3 toneladas, que vendrían en una furgoneta.
Durante la mañana de ese 23 de junio, antes de que agentes de la Guardia Civil accedieran a la nave, los acusados estuvieron yendo y viniendo, haciendo batidas para asegurarse el buen éxito de la operación, llevando herramientas para proceder a la ocultación en el doble fondo de todo el hachís acumulado.
Las más de 3 toneladas intervenidas por la Benemérita estaban valoradas en algo más de 6 millones de euros y, tras la cascada de detenciones efectuadas, hoy, sin que haya pasado un año desde el operativo, se dicta sentencia.
Ante el tribunal de la Sección VI todos han reconocido los hechos y aceptado las penas impuestas. Han sido conducidos a la Sala por agentes de la Policía Nacional ya que se encuentran privados de libertad desde junio del año pasado, cumpliendo preventiva por la comisión de un delito de tráfico de drogas que no causa grave daño a la salud.
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