La
Asociación de
Empresarias y Profesionales (BPW) de Ceuta se ha sumado este miércoles por la tarde a la reivindicación de la
Confederación de Empresarios de que la entrada en vigor a partir de enero de 2023 del nuevo sistema de cotizaciones a la
Seguridad Social de los autónomos no mutile el marco vigente de bonificaciones que el Gobierno central prometió mejorar a través del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico local. “Entendemos”, ha indicado la presidenta de la entidad, Fatiha Lahasen, en un comunicado, “que los autónomos de las ciudades de Ceuta y de Melilla deberían mantener su bonificación del 50% de sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes independientemente de su tramo de cotización, siendo éste un incentivo clave para continuar con nuestro tejido empresarial mayormente trabajadores autónomos”. Hasta ahora todos los
más de 3.300 autónomos ceutíes de los sectores beneficiarios se podían favorecer de una bonificación del 50% en sus aportaciones, pero ahora dicha reducción se limitará a los que tengan unos rendimientos netos por debajo de 1.300 euros al mes. Para el resto, sus desembolsos llegarán a aumentar “hasta 500 euros mensuales”, según ha estimado la CECE. “Estas bonificaciones no son excepcionales, sino que forman parte de las peculiaridades de nuestra estructura de cotización”, ha opinado BPW Ceuta, que ha “exigido” a la ministra de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo central del PSOE y Podemos, Isabel Rodríguez, “que cumpla la promesa realizada de mejorar el sistema actual de bonificaciones a la Seguridad Social dentro del objetivo de fortalecer el desarrollo de empresas y la generación de empleo correspondiente al eje 1 del Nuevo Modelo Económico”. Lahasen ha adelantado que trasladará a la Federación Nacional de BPW su posición “para dar visibilidad a esta merma de nuestros derechos adquiridos”. El Régimen General de Trabajadores Autónomos está a punto de experimentar una de las reformas más importantes que se han acometido nunca con la entrada en vigor de un nuevo sistema de cotización, basado en los rendimientos netos, fruto del acuerdo con los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, y con las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y UPTA.