Dos años en el tajo del competitivo sector tecnológico han permitido a la Ciudad Autónoma radicar en Ceuta, según datos cerrados a finales de septiembre, a 24 empresas (ocho en Melilla, sobre todo dedicadas al
juego online) que han generado “más de 200 puestos de trabajo” y tienen alquilados “más de 3.000 metros cuadrados de oficinas y más de 60 pisos”. De aquí a final de año se espera que dos gigantes desembarquen en Ceuta (una ya ha alquilado oficinas) para crear 80
empleos directos. A medio plazo, compañías de ‘call-center’ han pedido entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados de oficinas y cursos de formación de personal con el objetivo de contratar “a 400 personas”.
El
Gobierno de Ceuta se ha propuesto explorar la vía de las Nuevas Tecnologías, que no precisa de grandes terrenos que la ciudad no tiene, para poner un pilar a la reconversión de su tejido productivo dinamitado por el cierre de la frontera, pero sus planes se han visto amenazados por la nueva interpretación dada
a la Ley del IVA y concretamente a su artículo 70, relativo a las reglas especiales sobre el lugar de realización de las prestaciones de servicios, que hace poco más de un año la directora general de Tributos del Ministerio aseguró que no era de aplicación en Ceuta.
Una sentencia del Tribunal Supremo sobre la tributación de Bwin en Gibraltar, paraíso fiscal, y una respuesta vinculante de la Secretaría General de Impuestos sobre el Consumo ha contradicho radicalmente esa interpretación y ha establecido que sí se aplica el IVA, lo que ha encendido todas las alarmas sobre la posibilidad de que las empresas ya instaladas (y las interesadas) hagan las maletas en dirección a Malta, Irlanda, Islas Feroe o Chipre.
“Urgencia y necesidad”
Los Gobiernos de las dos ciudades autónomas, que en este asunto están yendo “de la mano”, ya habían pedido en junio al Ejecutivo central del PSOE y Podemos que modificase el artículo 70.2 de la Ley del IVA para “excluir expresamente” de su aplicación a Ceuta y Melilla.
Esta semana, la consejera de Hacienda local, Kissy Chandiramani, ha insistido en la “urgencia y necesidad” de que se acometa ese cambio antes de que se produzca un éxodo de empresas y con base legal en que la Directiva 2006/112/CE autoriza a los Estados miembros para evitar casos “de doble imposición y no imposición”, supuestos habilitantes “que nunca se pueden dar dentro del territorio español”.
El cambio de la normativa, una “cuestión política” para el Ministerio
La Dirección General de Tributos del Ministerio concluyó en agosto que “las operaciones efectuadas por los operadores de juego en línea tienen la consideración de servicios prestados por vía electrónica a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)” y que dichos servicios de juego van a estar sujetos a este y no al IPSI “cuando su destinatario se encuentre establecido” en el territorio del primero.
Esta resolución contraviene el informe emitido a finales de junio del año pasado por la directora general de Tributos, que concluyó que no sería de aplicación el artículo 70.2 de la Ley del IVA en la ciudad y que, en su lugar, se debería imponer “el IPSI vigente en Ceuta”, con tipos mucho más reducidos.
Con ese respaldo, la Ciudad logró captar a un abanico de sociedades procedentes sobre todo de Gibraltar y Malta, aunque también contamos de Bélgica, Francia o Italia y algunas españolas que planeaban irse a la isla mediterránea “con la consiguiente generación de economía real y riqueza” en Ceuta.
El Ministerio de Hacienda ha respondido a la petición de cambio de la Ley del IVA que “no hay impedimentos técnicos para que dicha modificación llegue a buen término” y que es “únicamente una cuestión política” el que finalmente puedan “realizarse los cambios requeridos por parte de ambas ciudades autónomas”.