Empleo ilegal consentido

Aunque ya suene como una tediosa letanía, y haya dejado de ser noticia, el paro sigue siendo el principal obstáculo para que Ceuta avance por la senda de la igualdad y la cohesión hacia la modernidad. El cinismo de las autoridades, la resignación de los afectados y la desconfianza generalizada en encontrar una solución, han relegado esta lacra a un segundo plano a penas perceptible. Ha quedado reducido a un reiterado “lugar común” en los discursos políticos, ajeno por completo a cualquier compromiso. Y sin embargo, su tremendo impacto sobre la dinámica social de nuestra Ciudad no se ha atenuado un ápice. El paro crece a razón de mil nuevos desempleados cada año. El empleo público, las subvenciones y las transferencias que soportan la economía local están congelados o en recesión. La población activa autóctona y la transfronteriza, aumentan imparablemente. Negro panorama que alienta la irrefrenable expansión de la economía sumergida. Estamos propiciando la abolición (de hecho) de los derechos laborales, una intensa presión a la baja de los salarios, y una contagiosa competencia desleal que amenaza de muerte a las empresas cumplidoras.
En este letal proceso de deterioro de nuestro sistema económico, el protagonismo del Gobierno de la Ciudad tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Debería haber liderado un amplio consenso social en torno a un plan estratégico, materializado en medidas de actuación concretas suscritas y ejecutadas por los agentes económicos y sociales. Ni siquiera se ha intentado. En el nutrido catálogo de víctimas de Juan Vivas, también figura el espíritu de consenso y unidad, otrora reputado instrumento muy apreciado por la ciudadanía en atención a su eficacia. La desmesurada vanidad le ha llevado a pensar que su voluntad puede suplantar al conjunto de la sociedad. Pero esto no es más que una ensoñación de políticos que pierden el contacto con la realidad. Cree que es el Rey Sol, cuando, en todo caso, sólo es una versión provinciana de Atila.
Es cierto que las dificultades de Ceuta para reconstruir su economía son de una gran envergadura y complejidad, sobre todo porque están decisivamente influidas por factores políticos que escapan a nuestro radio de acción. Precisamente por ello, resulta especialmente irresponsable no haber aprovechado las escasas oportunidades que sí estaban a nuestro alcance. El sector de la construcción ofrecía un importante yacimiento de empleo a corto plazo que hubiera podido paliar significativamente la sangría que se estaba produciendo en el mercado laboral. Por ahí empezó la metástasis del empleo ilegal que ahora se extiende por todos los sectores. En su momento, las administraciones deberían haber atajado este fenómeno con un sencillo plan de represión de la mano de obra ilegal. Ceuta es una ciudad muy pequeña, fácil de vigilar, y con una gran cantidad de efectivos policiales de toda condición. No hubiera sido complicado lograr que el empleo generado en Ceuta en la construcción (se estima en torno a cuatro mil puestos de trabajo) hubiera sido ocupado por ceutíes. Y sin embargo se careció de la voluntad política necesaria para ello. El Gobierno de la Ciudad, como siempre, prefirió creer la versión de los empresarios. Según estos, la contratación de trabajadores marroquíes o peninsulares, obedecía a la falta de cualificación de los ceutíes. Una perfecta falacia. La clave del éxito de la contratación foránea está en su rentabilidad económica: trabajan doce horas al día, por seiscientos euros al mes, firman los finiquitos en blanco, no tienen derechos sindicales de ninguna clase y se les somete a unas condiciones de precariedad indignas sin contestación.
El enfoque erróneo del Gobierno, favoreciendo a los empresarios y desoyendo a los sindicatos, convirtió la práctica ilegal en habitual, y orientó su política exclusivamente hacia la formación. Eso decían. Porque en la práctica han transcurrido diez años baldíos en materia formativa, y por el contrario, enormemente fructíferos en corrupción laboral. Para justificarse a sí mismos han inaugurado la Escuela de la Construcción. Otra mentira.
Lo que en realidad han hecho es un mero traslado de instalaciones. Ceuta sigue siendo la única provincia de España en la que no tiene presencia la Fundación Laboral de la Construcción, a pesar de haber suscrito un convenio con esta finalidad hace ya más de un quinquenio. Cuando quieran reaccionar y hacer algo serio, quizá sea demasiado tarde.
Hemos llegado a un punto en el que encontrar un carnet de identidad que comience por cuarenta y cinco en los censos de empresas de la construcción (con y sin afiliación a la seguridad social), se ha convertido en una auténtica quimera. Cambiar ahora esta dinámica es una tarea equiparable a vaciar el Mediterráneo con una cucharilla.