Desde que el pasado 17 de marzo a medianoche el Gobierno de la nación prohibiera la movilidad de pasajeros, para el desembarco en la ciudad de Ceuta, a través de la Orden TMA/241/2020, y ante la pandemia de
coronavirus que estamos sufriendo, muchos residentes de la ciudad se encuentran con la imposibilidad de poder cuidar a sus familiares, hijos y personas mayores que viven en la Península y que necesitan de las atenciones de estos residentes ceutíes porque la Delegación del Gobierno de Ceuta se lo deniega. Esta situación la están sufriendo muchos empleados de servicios declarados esenciales en el estado de alarma y que tan solo quieren cuidar a sus familias. El colectivo solicita evitar el “desamparo” de todos estos profesionales que están al servicio de Ceuta para salir de esta pandemia, por lo que consideran de recibo “crear un cordón de movilidad” de empleados esenciales como se realiza en todo el territorio nacional. A su entender, “incomprensiblemente se ha creado una ‘frontera’ entre Ceuta y la Península que no tiene razón de ser y que no ocurre entre ninguna de las comunidades autónomas de nuestro país, ni siquiera con las fronteras internacionales”. Cada día salimos a nuestras terrazas para aplaudir a todos los profesionales esenciales que nos ayudan a luchar contra el COVID-19: sanitarios, policía, guardias civiles, empleados de supermercado, farmacéuticos…”Pero con esto no es suficiente, hay que reclamar coherencia y apoyo porque estas personas también tienen familias que requieren de sus cuidados, a pesar que dediquen todos sus esfuerzos día tras día a acabar con esta pandemia”, exponen los afectados.
“Encierro y maltrato” y “denegación de ayuda”
Un bloqueo a pesar de que la Orden TMA/241/2020 deja claramente redactado que la Delegación de Ceuta podrá autorizar de manera específica el desembarco en la ciudad basado en la necesidad inaplazable de realización del viaje según las actividades autorizadas en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se recogen diferentes excepciones para realizar dicho viaje. Unas excepciones incluidas en la orden sobre medidas de transportes durante el estado de alarma que, sostienen estos empleados de sectores claves en la pandemia, la Delegación del Gobierno de Ceuta incumple. La primera de ellas es el desplazamiento al lugar de trabajo para realizar su prestación laboral, profesional o empresarial. Y, la segunda, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Por lo tanto, concluye el colectivo, cualquier persona que necesite viajar fuera de Ceuta no requiere un permiso especial aunque la Delegación quiera imponerlo; la simple acreditación de las actividades autorizadas en el mencionado artículo 7.1 del Real Decreto obliga a permitir su salida. Pero denuncia que en muchos casos está ocurriendo que, aun justificando ampliamente la situación como hijos menores sin cuidados o mayores necesitados, se están denegando estos permisos “de forma arbitraria y sin base legal”, ocasionando por un lado el “encierro y el maltrato” de estos ciudadanos y por otro, la “denegación de ayuda” a sus familiares.
No atisban otra solución que poner una querella
Ante esta situación que estiman “insostenible”, estos trabajadores de sectores esenciales no atisban otra solución que poner una querella ante la Justicia por el “desamparo y el maltrato” que entienden les está ocasionando la Delegación del Gobierno de Ceuta, máxime teniendo en cuenta la posible prolongación del estado de alarma actual.