EFE
Después de conocerse las ayudas de 570 euros que podrán pedir los trabajadores transfronterizos en Ceuta, el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto con el que se pretende dotar de seguridad y aumentar los derechos de las personas que trabajan como empleadas del hogar en España
Incluye, entre otros derechos, reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación, durante la jornada laboral, por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la norma protege a "las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan y, hasta hace muy poquito, carecían de derechos".
"Esta norma se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas", ha dicho Díaz, ya que "nadie va a ver incrementado sus gastos", porque "van a tener derecho, en los servicios públicos, al reconocimiento médico".
Así, el servicio público de empleo (SEPE) proporcionará una herramienta gratuita para la formación obligatoria sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar, que solo se realizará una vez aunque se preste servicio en varias casas, y se hará dentro del horario de trabajo o se compensará con tiempo de descanso.
El Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de un reconocimiento médico en la cartera de servicios del sistema nacional de salud, que será periódico y único, aunque se tengan varios empleadores.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) elaborará una herramienta gratuita que facilitará el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos, elaborará una Guía Técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico y un Protocolo en caso de acoso.
El empleador por su parte deberá asumir la provisión gratuita de "los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones" y los repondrán cuando resulte preciso.
Además, tendrá la obligación de informar y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inminente en el hogar, supuesto en el que no podrá exigirse la reanudación del trabajo mientras persista el peligro.
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