Para que exista explotación laboral se tienen que dar dos circunstancias. La primera, personas necesitadas de trabajar y la segunda, empleadores dispuestos a explotar a otros ciudadanos. En Ceuta estas dos premisas se dan la mano y, como siempre, los explotadores llevan ventaja en la bella desconocida, mucho más que en otras ciudades españolas.
Desde la Delegación del Gobierno, en distintas etapas, se hicieron esfuerzos en minimizar en lo posible, que no acabar, con la explotación de las trabajadoras transfronterizas. La primera, por el inolvidable, Paco Antonio González (D.E.P), dando la oportunidad de regular a estas trabajadoras y la más importante, la obligación de acceder a Ceuta con contrato y que ninguna empleada de hogar pueda entrar si su contrato no contemplaba una remuneración mínima de mil euros brutos mensuales. Esta ultima norma acabó con la trabajadora de hogar transfronteriza por 400 euros. Esas que llegaban a Ceuta a las siete de la mañana y se marchaban a las seis de la tarde.
Las cifras de empleadas transfronterizas han disminuido de 2.100 a 553 cotizantes con la entrada de estas medidas, lo que identifica claramente que las empleadas de hogar con contrato estaban siendo explotadas laboralmente, porque trabajaban muchas horas y cobraran muy poco y, por supuesto, en peores condiciones estaban las que no tenían contrato, la inmensa mayoría. Miles de mujeres.
Ahora Delegación del Gobierno prevé flexibilizar “de inmediato” las condiciones impuestas para la contratación de empleadas de hogar transfronterizas en Ceuta. Si de entrada se impuso la obligación de concertar relaciones laborales con salarios de jornada completa, con independencia de que fuesen a 30 o 40 horas semanales, ahora se va a permitir que, quien lo haga por la cifra inferior, pague de forma proporcional. Según los expertos 1.350 euros mensuales es coste total de una empleada de hogar transfronteriza. Una cifra muy alejada de lo que la inmensa mayoría de los antiguos empleadores pueden pagar.
Esta ultima medida de Plaza de los Reyes -desde mi punto de vista- puede incentivar mínimamente la contratación de trabajadoras, incluso puede llevar consigo que muchas de las que ahora trabajan a jornada completa vean su jornada laboral “reducida” para ahorrar costes, por eso de la picaresca española, pero no su horario real de entrada y salida. Un horario que la administración no controla y que posibilita la explotación de estas trabajadoras.
Cada ciudad tiene sus características y en la nuestra se da las circunstancias que el perfil de empleador de personal doméstico a tiempo completo cambia con respecto a la Península. Aquí tenemos que hay muchos empleadores tiesos, es decir, una familia donde ambos trabajan con un sueldo medio, que se permite tener a una empleada en casa porque la podían emplear por muy poco dinero. Empleadores que exigen donde trabajan el cumplimiento de todos sus derechos, pero en la suya, se convierte en explotadores con la excusa de no poder pagar más debido a sus ingresos.
Incentivar el empleo de las empleadas de hogar -transfronterizas o ceutíes- es una iniciativa muy saludable, sobre todo, porque podrán mantener a sus familias, pero estas medidas deben acompañarse con unas iniciativas fiscalizadoras que eviten los abusos de los empleadores, porque sin duda en nuestra ciudad hay muchas trabajadoras dispuestas a trabajar y cotizar, pero igual no están tan dispuestas a que las exploten.