La Asociación Elín ha manifestado su “más absoluto rechazo y disconformidad” ante la ratificación del sobreseimiento de la causa del 6F, iniciada después de la muerte de 15 subsaharianos en su intento por cruzar a nado a Ceuta, en febrero de 2014. Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que viene a ratificar el sobreseimiento de la causa, la oenegé recalca que estos hechos “no pueden quedar impunes”, después de que la Sala haya explicado que no cabe recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre.
En Elín se lamenta que, “una vez más se sigue sin hacer justicia a las 15 personas que perdieron su vida como consecuencia de una nefasta gestión de la frontera sur española y no se repara el daño y sufrimiento de sus familias”.
Recuerdan que ya el tribunal de instancia no apreció "relación de causalidad" entre la actuación de los agentes de la Guardia Civil y "los fallecimientos por ahogamiento y lesiones". “Por el contrario, los hechos son otros y se pueden contrastar y corroborar con las grabaciones que se realizaron aquel fatídico día en la Playa del Tarajal y en la zona perimetral de la valla fronteriza”, insiste Elín.
Esta sentencia, según la entidad, es un ejemplo más de cómo impera un sistema político, económico y social que promociona políticas y prácticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos, que las invisibiliza y niega el derecho a la vida. Declaran además que “la primera norma en el mar es la de la obligación de socorrer a aquella persona que está en peligro y así lo recogen las leyes internacionales”.
Sin embargo, las instituciones judiciales “consideran que los migrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”, reseñan. En Elín subrayan que “¿desde cuándo una advertencia exime de asistir a quién lo precisa? ¿Por qué hacemos semejante distinción?”, y recuerdan del mismo modo que “la entrada por un puesto no habilitado no es un delito por lo que no se justifica el uso desproporcionado de la violencia”.
Por parte de Elín insisten en que “seguiremos reclamando justicia por las 15 que perdieron la vida en la playa del Tarajal y reparación a sus familias porque migrar es un
derecho y seguiremos exigiendo vías legales para que las políticas migratorias no se cobren ni una vida más”.
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