El valor del ejemplo

La dura crisis económica que azota al mundo occidental está poniendo al descubierto algunos de los graves vicios que sufre nuestro sistema político. La democracia en España, construida originalmente sin cimientos, ha ido importando todas las deformaciones posibles a un ritmo vertiginoso, antes de haber tenido tiempo de consolidar sus virtudes. El resultado es que hemos reducido lo que debería ser un proceso continuo de reflexión sobre ideas alternativas en orden a la búsqueda del bien común, en una extraña competición cuatrienal, cuasi deportiva, entre dos bustos parlantes (con discurso idéntico en lo esencial) sin más alcance o pretensión. La ciudadanía se ha ido distanciando de la vida pública. La política ha dejado de interesar.
La inmensa mayoría de la sociedad no se preocupa por entender, opinar y participar activamente en la solución de los problemas sociales. Simplemente, se adscriben a un bando por simpatía, intuición o inducción, y se comportan como fanáticos que defienden con ardor unas siglas independientemente de su contenido programático y del resultado de sus acciones. Este desesperanzador contexto es el que explica la actitud colectiva que se está mostrando ante la crisis. Todo el mundo habla de la gravedad de la crisis; pero nadie ha modificado un ápice su conducta ni su modo de vida (excepto los que han perdido su empleo). No hemos querido comprender en toda su extensión e intensidad ni las causas ni los efectos de la debacle económica. Se diría que, en el fondo, nadie termina de creer que la situación sea tan extremadamente crítica. Por ello, un problema de gran complejidad se simplifica hasta el esperpento tratándolo de una manera sonrojantemente infantil. Sólo un descerebrado podría pensar sinceramente que un cambio de gobierno (PP por PSOE) puede resolver una crisis económica de carácter global, determinada por factores exógenos, y cuyas calves son incontrolables por un país de segunda fila. Y sin embargo, en nuestro país son legión los que albergan esta esperanza y aguardan ansiosos el momento de las elecciones. Mal asunto. Hemos llegado a esta lamentable situación como consecuencia de un proceso de aislamiento formativo e informativo, impulsado desde los aparatos de los dos grandes partidos, ocupados exclusivamente en la lucha por el poder, sin prestar la menor importancia a los ciudadanos de los que sólo respetan su condición de votantes. No quieren fomentar el espíritu crítico. No quieren ciudadanos libres, sino votantes fieles. Cultivan la ignorancia como fuente de poder. La cuestión es que esta forma de actuar no es inocua. Perjudica notablemente a la sociedad en su conjunto, pero de manera muy especial a los más débiles. La defensa a ultranza de los espurios intereses de los partidos y de los políticos, complica y retrasa los avances y genera frustración e indignación. Es lo que está sucediendo.
Después de tres años de crisis, la conclusión más fácil de extraer, por obvia,  es que el volumen de dinero que circula en el país ha disminuido (y va a seguir disminuyendo) considerablemente. Un ejercicio de elemental responsabilidad obligaría a llevar a cabo redimensionamiento del gasto público y privado (incluyendo el empresarial), para adaptarlo a los previsiones futuras, procurando minimizar los efectos sociales. Debería desarrollarse un debate sereno y riguroso, presidido por un profundo sentimiento de solidaridad, para determinar la idoneidad y cuantificación exacta de los recortes procurando hacerlos de la manera mas justa posible. En definitiva, un plan nacional de reordenación de expectativas. Sin embargo, una operación de esta naturaleza resulta imposible  porque la ciudadanía no la puede entender ni asumir. Tenemos una experiencia muy próxima. El Gobierno del PSOE hace un año redujo el salario de los empleados públicos. Teóricamente es una medida defendible: quienes están más protegidos, deben contribuir a financiar medidas para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, esta actuación irritó sobre manera a los funcionarios, y con toda la razón. Porque, antes, se debió proceder a suprimir radicalmente todos los privilegios de los que disfrutan obscenamente los políticos, y todos los gastos suntuosos e innecesarios que se siguen manteniendo incomprensiblemente. Sólo se está legitimado para exigir sacrificios desde la más escrupulosa ejemplaridad.
En este sentido, nuestra Ciudad es paradigmática. El desarrollo de un modelo de Ciudad dual, fragmentada e injusta, ha llevado a una indecorosa acumulación de bienestar en unos ámbitos, y una exagerada precariedad en otros. Se podría plantear un reequilibrio de los recursos en aras a alcanzar mayores cotas de igualdad, sobre todo en términos de empleo. Pero quién sería capaz de aceptar y asumir un recorte promovido por un Presidente como Juan Vivas, que para gobernar una Ciudad de ochenta mil habitantes (la mitad de Getafe), utiliza seis guardaespaldas, y más de cincuenta cargos públicos entre los que se cuentan una interminable ristra de asesores, aduladores y palmeros absolutamente prescindibles. Además de mantener intactos todos los tinglados y prebendas sobre los que ha fortificado su poder, aun siendo enormemente caros para las arcas públicas. Carece por completo de autoridad moral para pedir austeridad, quien exhibe sin pudor ejemplo de lo contrario.