El Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta y el Grupo Abogados Jóvenes de Ceuta han dado lectura este mediodía a sus respectivos manifiestos por el Día de la Justicia Gratuita, que se conmemora cada jueves 12 de julio. Isabel Valriberas, decana del Colegio, ha destacado como “particularidad” en Ceuta de “la asistencia de muchos ciudadanos extranjeros en el turno de oficio penal” a diferencia de lo que ocurre en otras partes de España, donde se registra a más nacionales. Algunos de estos delitos son aquellos cometidos contra la salud pública, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación de documentación. La explicación se encuentra en el “flujo de ciudadanos de extranjeros que entran y salen y se ven envueltos en conductas tipificadas como delito y en procedimientos penales”. Son, como indicó la decana, “muchos los marroquíes que pasan por la ciudad y se ven envueltos en conflictos” o bien “extranjeros que cruzan por aquí”. Carece de cifras al respecto puesto que el Colegio no distingue entre nacionales y extranjeros en material penal. Otra de las especialidades del Colegio de Abogados local es el turno de oficio de menores donde atienden los casos relativos a
Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) cuando cometen algún delito. En general, la tramitación de expedientes en materia de la ley extranjería constituye una singularidad del turno de oficio por la condición fronteriza de la ciudad. No obstante, cada vez la comparte más con otras ciudades como Tarifa, Algeciras, Málaga, Almería e, incluso, se atrevería a decir que en todos los colegios de abogados con sede en costa hasta Alicante por el “incremento considerable” de expedientes. Esta última particularidad se traduce en una cifra contenida en los datos del órgano colegial relativas a 2017: 1.036 designaciones de expedientes administrativos en materia de extranjería (expulsión y devolución). Este volumen corresponde a extranjeros de nacionalidades distintas a la marroquí ya que, normalmente, estos últimos llevan un procedimiento de devolución más simplificado por su condición de fronterizo (no conlleva sanción administrativa) y a los que el turno de oficio sí proporciona asistencia letrada en el centro de detención antes de su expulsión en frontera. La inversión en Justicia Gratuita “no ha aumentado desde que en el año 2005 se actualizaron los baremos”, ha sentenciado Valriberas. No obstante, en materia de extranjería, la decana ha indicado que “se ha tenido que incrementar la dotación” porque estos procedimientos se han incrementado de forma considerable en los últimos diez o 15 años. La portavoz del colectivo profesional ha recordado que el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de intensas negociaciones con el Consejo, “prometió que los Presupuestos General del Estado se iba a dar un incremento de los baremos con acuerdo al IPC. Se supone que con el cambio de Gobierno los Presupuestos se mantienen, pero todavía no sabemos qué incremento se hará”. La decana del Colegio y el presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Ceuta, Alberto Aflalo, han subrayado en sus respectivos manifiestos que millones de personas hacen valer sus derechos con independencia de los medios económicos de los que disponga.
“No podemos montar el servicio penitenciario por el Ministerio de Justicia”
Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, dio lectura a un manifiesto conmemorativo a la vez que reivindicativo en el que destacó que la justicia gratuita garantiza el derecho a defensa de los ciudadanos carentes de recursos económicos sin olvidar que evidencia “importantes carencias” que afectan a los ciudadanos y profesionales. La responsable reclamó un Pacto de Estado por la Justicia además de mejoras. Valriberas, la voz de la Abogacía española en Ceuta, denunció la “grave situación en la que miles de seres humanos se ven abocados a procesos migratorios sin que se les dé una solución, no solo digna, sino tan siquiera humanitaria”. La Abogacía se siente “orgullosa” de los profesionales que colaboran cada día a través de los servicios de orientación jurídica gratuita “a paliar esta crisis humanitaria”. En relación a la falta de actualización de baremos y el incremento de servicios, la decana lamentó que no pueda crear un servicio de orientación jurídica penitenciaria pese a la demanda que genera un centro de cumplimiento como es Fuerte Mendizábal y que ya existe en otros colegios de ciudades con prisiones importantes. Eso significa que el interno que vaya a cumplir condena en la ciudad y requiera asistencia, por ejemplo, por “una sanción dentro de la prisión, una demanda de divorcio de su mujer o cómo otorgar un poder por la muerte de un familiar”, no la podrá recibir del Colegio. “En Ceuta no lo podemos montar porque el Ministerio de Justicia no considera que eso deba estar dentro de los baremos, un servicio que se da normalmente y con regularidad en la mayoría de las comunidades autónomas”, expuso Valriberas.
“Demandamos que el abogado de oficio se forme a cargo del Estado”
Alberto Aflalo, presidente del Grupo de Abogados Jóvenes, reivindicó en el manifiesto la mejora de los medios necesarios para garantizar la justicia gratuita y se posicionó en contra de su privatización. El portavoz reconoció la labor de los compañeros que hacen posible que “millones de personas puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales, con independencia de los medios económicos de que dispongan”. En cuanto a la formación de los abogados del turno de oficio, Aflalo recordó que “va a cargo de los propios colegios de abogados, es decir, el Estado no aporta medios” con esta finalidad. Son estos órganos colegiales los que forman a los abogados de oficio a través de prácticas jurídicas, cursos especializados obligatorios... “Demandamos que por parte del Estado se dote de formación al igual que se hace a la Policía en violencia de género o a los jueces en diversas materias”, concluyó.