El TSJA condena a la Ciudad a pagar una indemnización por la caída de un peatón

La Sección 4 de la Sala Contencioso Administrativo  del TSJA de Sevilla ha dado la razón a un vecino del Sardinero que sufrió una lesión en un brazo tras caerse al suelo por culpa del mal estado de la acera. La sentencia, ganada por el letrado José Aureliano Martín Segura, tiene su importancia porque contradice una dictada en Ceuta y obliga a la Ciudad a abonar una indemnización económica al perjudicado al estimar que su responsabilidad es la de tener en buen estado la vía pública. Así que, cinco años después, se dicta sentencia firme sobre un tipo de accidente que es demasiado común en la ciudad y que sirve de advertencia clara a la institución para que esté atenta al correcto estado de las vías bajo su competencia.
En el caso de marras se ha condenado a la Ciudad al pago de 9.620 euros, a lo que habrá que sumar el correspondiente con los intereses acumulados desde 2007 a la actualidad. El tribunal entiende que está clara la existencia de una relación causal entre la caída del denunciante y el estado en que se encontraba la vía, que soportaba una fuerte pendiente sin que la administración hubiera colocado ningún medio para que el peatón pudiera agarrarse y garantizarse, así, cierta seguridad. En este accidente resulta incluso llamativo que exista un informe de un técnico municipal en el que se viene a reconocer el mal estado de la zona debido a la inseguridad que puede suponer para el usuario descender la pendiente. En el citado informe, que se ha incorporado al procedimiento, se señala “que existe una fuerte pendiente” que “puede producir resbalones”.
Y así fue. No sólo en el caso del vecino que se atrevió a denunciar tras permanecer 120 días de baja debido a las lesiones producidas en uno de sus brazos, sino en el de más personas que también sufrieron los famosos resbalones pero que al final no trasladaron queja alguna a los juzgados.
La sentencia a la que ha tenido acceso viene a contradecir la que en su día dictara el Contencioso de Ceuta, que no dio la razón al demandante ya que el juez que la dictó llegó a cuestionar en su dictamen que la caída del perjudicado se hubiera producido en el lugar criticado. Eso a pesar de que varios testigos citados en la vista oral celebrada habían indicado el lugar exacto del accidente.  La Sala del TSJA de Sevilla ha sido muy clara en su razonamiento judicial argumentando incluso el articulado de la Constitución que viene a proteger al ciudadano en situaciones de este tipo. Hay que encontrarlo en el 106.2 de la Carta Magna, en el que textualmente se indica que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. No sólo existe este argumento de peso, sino que la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común también es clara al respecto. Señala en el artículo 139. 1 y 2 que los “particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
En la sentencia se entiende que se da la concurrencia de todos los supuestos que deben existir para que se reclame una responsabilidad patrimonial por la caída a la Ciudad Autónoma. Existe, considera el alto tribunal, que se da una “causación real y efectiva de daños y perjuicios”, que se ha dado un funcionamiento anormal de los servicios públicos y que “hay una inexistencia de fuerza mayor” así como una inexistencia también del “deber jurídico de soportar los daños”.
En su dictamen la Sala de lo Contencioso viene a tumbar el fallo dictado en Ceuta ya que entiende que el juez ha concluido “lo ocurrido en base a lo que dice que son hechos notorios, derivados parece de un conocimiento personal del lugar del accidente”. ¿Cómo lo hizo? Acudiendo a comprobar el lugar y estimando que la caída no debía haberse producido donde decía el perjudicado, sino en la acera de enfrente, ya que, al mentar la existencia de una lavandería, esta no se situaba en la zona de la pendiente. El problema está en que, cuando ocurrieron los hechos, la citada lavandería sí se encontraba en la cuesta en donde ocurrió el siniestro y, un año después, se trasladó al otro lado. “En ningún momento”, señala la sentencia del TSJA, “se dice que el recurrente haya tenido la caída en la acera de la lavandería”, señala, pero, además, es que luego se produciría el cambio. “Hay una errónea valoración de la prueba en la sentencia de instancia, por lo que no se debe más que concluir que la caída se produjo en el lugar, por la existencia de una fuerte pendiente que, tal y como se indica en el informe municipal, obliga a la existencia de medidas de seguridad adicionales para  salvar el desnivel con el resto de la calle”, concreta.

Una cadena de trámites judiciales que ha durado muchos años

El caso ahora publicado no es el único que ha llegado a los tribunales. Los letrados que han llevado denuncias de este tipo advierten de que el camino es lento, demasiado, pero que al final se llegan a sentencias que vienen a dar la razón a los ciudadanos ante el mal estado de algunas vías o ante la existencia de importantes pendientes sin que haya medios que garanticen la seguridad de los peatones. En los últimos años la Ciudad ha dispuesto barandillas en aquellas pendientes más acusadas, precisamente para intentar avanzar ante las reclamaciones presentadas por ciudadanos. También se ha avanzado en el cambio de losetas para evitar caídas debido al pavimento. Sobre esto también existen múltiples sentencias condenatorias, de ahí que la administración haya buscado las fórmulas para intentar poner medios y no tener que hacer pagos ante sentencias que le vienen en contra. En el caso de marras, el perjudicado ha tenido que esperar cinco años para que la justicia le dé la razón. Y no ha sido precisamente en Ceuta donde la ha encontrado, sino fuera, en la instancia superior del TSJA que ha reconocido que su accidente fue culpa de una falta de acción de las instancias municipales con competencia.

 

Las protestas vecinales y las condenas fuerzan a la adopción de soluciones

No es necesario que se dicten sentencias para que la administración actúe y adopte medidas con las que resolver los fallos arrastrados. Hay ocasiones en las que es el propio empecinamiento popular el que consigue sacar adelante iniciativas que fuerzan a la administración a trabajar. Esto sucedió el pasado noviembre en pleno centro, cuando los residentes y usuarios de la calle Delgado Serrano se unieron para recopilar firmas y consiguieron más de 500. ¿Para qué? Para que la Ciudad cambiara las losetas de la vía debido a lo resbaladizo del pavimento y a la cantidad de caídas que se estaban sucediendo. Una de las afectadas fue más allá y terminó presentando denuncia en los tribunales. De entrada, hasta que se resuelva esta vía, se consiguieron avances por la vía social: es decir, instando, con las firmas en la mano a que la Ciudad haga cambios. Tal es así que el pasado diciembre se ordenó el levantamiento de las losetas y su cambio por otras, suspendiéndose momentáneamente las labores durante el periodo de rebajas ante las quejas de los comerciantes.
Los vecinos, hartos de la situación, rompieron con la pasividad tradicional y denunciaron, obteniendo beneficios. En otras vías se ha procedido al cambio de losetas o a la colocación de barandillas atendiéndose así a las reclamaciones judiciales. La situación de Delgado Serrano se puede extrapolar a otras calles de la ciudad. Y es que el problema de los pavimentos  resbaladizos o las pendientes sin medidas de seguridad no es único en la zona. En calles como Simoa se han colocado medidas de seguridad tras accidentes fatales.