El Tribunal de Cuentas quiere conocer con mayor detalle las actuaciones que han llevado a cabo las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en relación con los planes económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste que se les han exigido para cumplir la Ley de Estabilidad Financiera, así como saber cómo se ha gestionado el Plan de Pago a Proveedores. El Pleno del Tribunal aprobó el pasado 23 de diciembre el listado de entidades que serán fiscalizadas por iniciativa del propio organismo a lo largo de este ejercicio, listado que ha remitido al Congreso y al Senado.
El Tribunal de Cuentas centrará parte de su trabajo este ejercicio en las consecuencias que han tenido las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de racionalización del sector público, incluyendo por ejemplo el estudio de todos los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros en el ámbito de la reestructuración de las fundaciones desde junio de 2011, así como de la reordenación del sector público empresarial estatal no financiero en lo que va de legislatura.
El organismo del Estado que preside Ramón Álvarez de Miranda ha establecido un grupo de análisis muy amplio para este presente ejercicio.
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