El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana en una providencia en la que da quince días al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que presenten alegaciones. En dicha ley se contempla la expulsión de los inmigrantes en lo que se ha denominado devoluciones en caliente que ya, de hecho, se están llevando a cabo siguiendo las especificidades de esta normativa. De esta forma es admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, que fue promovido por más de cincuenta diputados, de PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai. El TC aclara en una nota informativa que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, que el tribunal resolverá en próximas fechas. Representantes de los grupos recurrente definieron la norma como ‘ley mordaza’ al estimar que su objetivo es “frenar los recortes del PP” y que la voluntad del Gobierno es evitar las protestas sociales. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se mostró entonces convencido de la constitucionalidad del texto que, a su juicio, es “más garantista” que el actual en vigor de 1992, la llamada ‘ley Corcuera’ o de ‘la patada en la puerta’.